A la carrera y sin frenos: el Congreso intenta por cuarta vez ampliar los permisos para todas las combis y coasters

La Comisión de Transporte del Congreso evaluó un proyecto de ley que intenta recortar facultades a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y renovar automáticamente las autorizaciones de rutas de todas las empresas de transporte público por dos años. Es la cuarta vez que este Congreso infiltra en plena pandemia iniciativas para ampliar sin restricciones las autorizaciones a empresas de buses, combis y coasters, incluso de aquellas que mantienen millonarias deudas por infracciones de tránsito.

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Se trata del Proyecto de Ley 7850/2020, “Ley que crea el comité del desarrollo de transporte terrestre para el fortalecimiento del servicio de transporte público a nivel nacional”, presentado el 7 de junio pasado por el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), presidente de la Comisión de Transportes y confeso “voz de los colectiveros”. Él fue uno de los promotores de legalización del servicio interprovincial de los taxis colectivos a nivel nacional, pese a las advertencias por la ausencia de control, de paraderos o mínimos protocolos de seguridad. En menos de un mes de publicada la norma, 19 personas ya habían muerto en dos choques de colectivos en Puno y Huancayo, evidenciando el impacto social por la ley que ahora se encuentra en el Tribunal Constitucional.

Simeón – autor de otros singulares proyectos como el intento para prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años o la eliminación de todas las papeletas M41 impuestas durante la pandemia – asegura que el nuevo proyecto es un intento por “darle oxigenación a la ATU”.

El jueves 15 de julio, la Junta de Portavoces acordó con 6 bancadas de 11 (82 votos a favor) exonerar al PL 7850 de los dictámenes de la comisión de Transportes y de Economía y la ampliación de Agenda.

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Insistencia por la ampliación

El proyecto de Simeón Hurtado consiste en la creación de un Comité Transitorio de Desarrollo del Transporte (Comtransporte) que funcione por lo menos por cinco años y tenga la tarea de “coadyuvar como órgano consultivo vinculante en el desarrollo de las funciones de competencia de las Municipalidades Provinciales y de la ATU con especial énfasis en la renovación del parque automotor de transporte terrestre”. En la práctica se trataría de crear una entidad que tenga la última palabra en competencias que hoy están a cargo de la ATU.

Pero el punto más llamativo de su iniciativa es la tercera disposición complementaria, la cual determina que la renovación automática de autorizaciones. Inicialmente la propuesta contemplaba un plazo de 5 años, pero en el texto sustitutorio se cambió a dos años. Lo que no se modificó es que no se piden requisitos previos para la renovación. De acuerdo con la ATU, no hay sustento técnico respecto a la determinación de plazo de dos años sin exigencias de calidad y seguridad.

Una ampliación de este tipo, sin ninguna exigencia para las empresas, prolonga un sistema en el que no existen vínculos formales entre chofer, dueño del vehículo, empresa de transporte y titular de la ruta. En la práctica nadie se hace responsable por infracciones cometidas por choferes que no están en planilla y trabajan en buses alquilados. Lo nocivo de este régimen denominado ‘comisionista-afiliador’ se hace evidente cuando coasters de una misma flota realizan continuos ‘correteos’ para ganar pasajeros y, con ello, más dinero.

Para Luis Vilela, el asesor de la presidencia de la ATU, la creación de la Comtransporte sería una excusa para traer nuevamente a debate la propuesta de ampliación de autorizaciones ya rechazada por el Pleno del Congreso. “La renovación automática significaría perennizar el actual sistema de transporte caótico sin la posibilidad de realizar exigencias como requisitos de seguridad y calidad en la prestación del servicio”, explicó a El Comercio.

El año pasado, debido a la pandemia por el COVID-19, la ATU prorrogó de manera automática los títulos habilitantes (autorizaciones) para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros hasta el 30 de abril de este año, medida que nuevamente fue ampliada hasta el 31 de octubre de 2021. Se trata de una disposición excepcional por la pandemia que busca que los operadores puedan seguir trabajando en la crisis sanitaria. La vigencia no aplica, sin embargo, para los casos en los que el título habilitante haya sido concluido por imposición de sanción, medida complementaria o medida correctiva.

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Lo cierto es que la iniciativa legislativa hoy debatida en la Comisión de Transporte no es el primer intento de ampliar automáticamente las autorizaciones. En octubre del año pasado, Luis Simeón Hurtado y Marcos Antonio Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) presentaron dos proyectos de ley para extender los permisos por 10 y 6 años, respectivamente. La iniciativa de Simeón, denominada “Ley de estabilidad jurídica para garantizar la cobertura adecuada y la continuidad del servicio de transporte público en Lima y Callao”, incluso buscaba suspender la facultad de la ATU de otorgar concesiones para la prestación del servicio de transporte público regular de pasajeros respecto a rutas con autorizaciones vigentes.

Ante las críticas por el evidente intento por atentar contra la reforma, Pichilingue Gómez decidió retirar su proyecto al señalar que su iniciativa había sido “distorsionada”.

Al mes siguiente, en noviembre de 2020, Simeón también modificó su proyecto y de 10 años de ampliación automática pasó a una iniciativa en consenso con las recomendaciones de la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es así que el tercer intento por regular las autorizaciones se resumió en el Proyecto de Ley 6306/2020-CR. A diferencia del texto inicial, la nueva versión indicaba que autorizaciones no serían automáticas, sino que debían estar condicionadas al cumplimiento de ciertas reglas.

El 14 de mayo pasado, el texto sustitutorio de dicho proyecto fue debatido en el Pleno y rechazado con 43 votos en contra, 35 a favor y 25 abstenciones.

Según Vilela, el texto que fue puesto a debate en aquella ocasión no recogía los acuerdos llegados con la ATU y solo pretendía renovar automáticamente por un plazo de hasta cinco años las licencias de las empresas de transporte.

“Nosotros habíamos planteado algunos requisitos como el uso del GPS, cajas centralizadas, pagos sin contacto, cumplimiento de jornadas de conducción, reordenamiento de flota, chatarreo de vehículos, etc. Cuando fue sometida a debate, el texto sustitutorio tenía otra fórmula, que es la misma que ahora están volviendo a meter”, señaló a este Diario.

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En contra del reglamento

Con el antecedente del proyecto rechazado por el pleno, la nueva iniciativa legislativa va en contra del artículo 78 del Reglamento del propio Congreso. Este artículo precisa que “si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el Presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de Congresistas”.

El asesor de la ATU resume así lo que ocurre: “Están forzándolo. Esto ya ha sido materia de abordaje en el Pleno por lo que no debería volverse a ver, al menos no en esta legislatura”.

Pero no es la única observación al proyecto. El 5 de julio, en la sesión de la Comisión de Transportes, especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas expusieron las razones por las que la iniciativa tiene observaciones en materia de inversión privada y eficiencia normativa.

Uno de los puntos del Proyecto de Ley 7850/2020 es que establece que los actuales operadores tendrían “derecho de preferencia” en el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones futuras. Para Lenin Mayorga Elías, director de Política de Inversión Privada del MEF, con esto se atentaría contra el principio de competencia. “No se le puede dar preferencia a nivel legislativo, desde nuestro punto de vista en el sistema de inversión privada, a ciertos postores o agentes que pueden concurrir al mercado. No significa que esto no se puede gestionar de otra manera como un sistema de incentivos”, dijo.

Rafael Vera Tudela, director de Eficiencia Normativa para la Productividad y Competencia del MEF, agregó que las disposiciones complementarias y transitorias de la iniciativa tampoco concuerdan con el objetivo de la iniciativa. De hecho, advirtió que han sido copiadas “en su integridad” del proyecto de ley 6306/2020 que no aprobado por el pleno.

“Esas disposiciones no son consistentes con el objetivo del proyecto de ley que tiene como finalidad crear un comité. No hemos encontrado la ligazón entre crear un comité y modificar la ley de la ATU y las autorizaciones del transporte”, dijo en la misma sesión.

Si avanza esta iniciativa, significaría conservar al menos hasta el 2023 las autorizaciones de empresas que, solo entre las 20 más deudoras, arrastran montos impagos que superan los S/70 millones por diversas infracciones de tránsito. La legislatura culmina el 16 de julio, pero este Congreso ha demostrado más de una vez que intentarán hacer su voluntad hasta que el último apague la luz.

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