La capital está -una vez más- en riesgo de perder el servicio de buses proporcionado por los corredores complementarios. Días atrás, el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, advirtió que existe una deuda de 300 millones de soles que debe pagar el Estado a las empresas concesionarias con el fin de evitar la quiebra de estos servicios. Además, concretó que -de no pagarse el monto correspondiente- el servicio se suspenderá a partir del 4 de marzo.
La deuda en cuestión no es reciente, ni mucho menos ajena a las autoridades competentes. Estas son la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Comercio contactó con las tres instituciones, pero ninguna brindó declaraciones. De hecho, la ATU mencionó que el tema “es del MTC”, mientras que el MTC respondió “ese tema lo ve la ATU”. Cabe resaltar que entre mayo y junio del año pasado se vivió una situación similar, cuando los corredores exigieron el pago de la misma deuda y se anunció la posible suspensión del servicio.
Lo concreto es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, anunció que se reunirá con el MEF para evaluar medidas de compensación en caso no se llegue a un acuerdo con los concesionarios. Esto con el fin de evitar que el servicio quede suspendido, según detalló el MTC. Al cierre de esta edición, no hay mayores detalles sobre las coordinaciones entre ambas carteras.
✅ Finalmente, sobre la problemática del Corredor Morado, el ministro Pérez Reyes indicó que se trabaja con el @MEF_Peru un marco normativo bajo el cual se pueda reconocer S/300 millones para que el corredor siga operando. "No vamos a permitir que este modelo de transportes caiga… pic.twitter.com/ku4m3lIzYE
— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) February 21, 2024
Los 300 millones
En comunicación con este Diario, Gerardo Hermoza explicó que el monto inicial -que fue calculado por medio de un peritaje- ascendía a los 450 millones de soles. Sin embargo, los representantes de los corredores llegaron a un acuerdo con las autoridades del Estado, concretando una suma a pagar 300 millones, los cuales debían ser abonados “en tres armadas”. La primera de estas se debió abonar el 31 de diciembre del 2023, pero -comentó Hermoza- no se ha concretado, por lo cual las concesionarias no pueden subsanar deudas con las entidades financieras y proveedores.
“Si el Morado cae, va a caer también el Corredor Azul”, determinó Hermoza. El Comercio contactó con Carlos Morán, representante del Corredor Azul, quien avaló los comentarios de su colega. “Estamos expectantes a que se cumplan los acuerdos a los cuales hemos llegado [con las autoridades]”, sostuvo Morán.
Sin fiscalización ni exclusividad
El representante del corredor Morado informó que el monto responde a la cantidad de dinero que no logran recaudar los corredores a causa de transportistas informales e ilegales y la competencia directa con otras empresas formales, habilitadas por la ATU para operar en la misma ruta. “Actualmente, solo se recauda cerca del 70% [de los ingresos] en la calle. No llegamos al equilibrio porque no se fiscalizan las vías, permanece el transporte informal y no se han retirado las rutas convencionales que hacen el mismo recorrido de nosotros”, desarrolló Hermoza.
El representante del Corredor Morado alertó que no se cumple con la exclusividad de las vías del mencionado servicio. El Comercio registró la competencia con la que opera este sistema de transporte.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMANDe acuerdo con el vocero, “antes eran cerca de quince rutas las que se sobreponían con la nuestra, ahora quedan cuatro. Pero como los buses no son de las empresas [de transporte a las que se les autorizan las rutas], sino de terceros, estos se han ido a las cuatro empresas [de transporte] que han quedado operando [en nuestra ruta]. Hay menos rutas, pero la flota es casi la misma”. Hermoza aclaró que el Corredor Morado compite -en la misma ruta- con las empresas Huáscar, Santa Rosa de Jicamarca, 5 Continentes y Empresa de Transportes Unidos.
En una entrevista con El Comercio, el renunciante presidente de la ATU, José Aguilar, recalcó que esta situación existe en gran parte del sistema de transporte que administra la ATU, por lo que “se requiere una reorganización total de las rutas [de transporte formal de personas]. Actualmente, tenemos cerca de casi 500 rutas, pero más de la mitad de estas se sobreponen en casi el 70% [de los tramos]”. Asimismo, señaló que existen cincuenta rutas que se sobreponen casi en su totalidad. Reveló que su gestión ha elaborado un proyecto para reducir a 400 las rutas y evitar la superposición. “No debería demorar más de dos meses [en aplicarse], creo yo”, indicó Aguilar.
Cifras
El Corredor Morado en números
Cantidad de buses: 150 (se llegó a tener 280 unidades en servicio)
Empresas operadoras: 2 (se llegó a tener cuatro empresas operadoras)
Personas transportadas: Aproximadamente 100 mil usuarios por mes
Rutas: Cuatro (cerca de 28 paradas por cada ruta)
Aguilar -quien aún pertenece en el cargo- reveló que los operativos de fiscalización realizados para sancionar a quienes invadan el carril exclusivo de los corredores “tiene una efectividad de 30 minutos, porque los mismos transportistas ilegales están conectados mediante el mecanismo del chat [y se alertan al respecto]”. “Hay rutas que informalmente invade al corredor y nadie lo está sancionando”, cuestionó Hermoza.
Estas situaciones son consideradas por Hermoza como el incumplimiento del contrato de concesión. En entrevistas anteriores respecto a la misma problemática, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), mencionó que “la ATU debe abonar por completo la cifra que corresponde a los concesionarios [a causa del] incumplimiento contractual”. Cabe recordar que los acuerdos de los corredores fueron firmados inicialmente con el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (Protransporte), entidad que fue asumida por la ATU tras su creación en el 2018.
En conversación con El Comercio, Alfonso Florez, gerente general de la fundación ‘Transitemos’, aclaró que “si bien la ATU se crea en diciembre de 2018, recién en octubre del 2019 se nombra a su primer comité. Sin embargo, había que absorber diferentes entidades y dicha reestructuración demandó mucho tiempo. Realmente inicia sus funciones en el 2020, pero llegó la pandemia”. Para el especialista en transporte, la reforma necesaria de este sector demandará cerca de 20 años. Sin embargo, adicionó que hay una politización de la entidad, “y es por eso que no da resultados mayores”.
Un negocio en picada
Hermoza aclaró que la propuesta de los corredores complementarios fue fructífera en sus primeros años. “Llegamos a tener un buen índice de crecimiento en el 2018. Incluso crecimos un 30% en el 2019. Tenía buena pinta”, contó el vocero. “Luego llegó la gestión [del alcalde Jorge Muñoz], la pandemia y la ATU, que es un organismo técnico que de técnico no tiene nada”, criticó. El representante recordó que la ATU solo puede fiscalizar el transporte de personas, pero es la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú las entidades responsables de regular el tránsito.
Florez detalló que este “es un problema serio que se basa en el modelo económico [de las concesiones]”. Explicó que cuando se creó el sistema de los corredores complementarios se declaró al transporte público como esencial para la población. “En todas partes del mundo es subsidiado, pero [en el país] los contratos de concesión dicen que tienen que ser autosostenibles. Por eso tenemos el transporte público que tenemos, que se cae a pedazos y donde la operación dura lo que resiste la flora”, criticó.
Gran parte de la problemática son los taxis colectivos, los cuales invaden los carriles exclusivos de los corredores. Los entrevistados alertaron que su servicio es ilegal y buscan arremeter contra el sistema de buses.
Para el especialista, esta es la razón por la cual la situación actual escapa de las manos del MTC. “Es el Ministerio de Economía quien dice que no puede subsidiar a los corredores porque en el contrato dice que es autosostenible. Entonces, se propuso hacer los cambios necesarios, pero el MEF se niega a modificar las adendas de los contratos”, añadió. Respecto a la fiscalización, Florez advirtió que será imposible cumplirla por completo “mientras no se complete un plan de movilidad”. Además, hizo hincapié en la organización de los transportistas ilegales “para evitar que los corredores circulen con fluidez”.
Una crisis sin cabeza
El pasado 5 de febrero, el presidente la ATU presentó su carta de renuncia al cargo, pero aún no ha sido aceptada. Hermoza detalló que la situación actual “es de descoordinación total [y] afecta económicamente a todo el transporte tradicional”. Por su parte, Florez enfatizó en que, de acuerdo con el reglamento de la ATU, en junio se debe nombrar al nuevo comité -constituido por representantes del MTC, el MEF, las gerencias de transporte de Lima Metropolitana y Callao, y el Ministerio de Vivienda- y a la nueva cabeza de la entidad.
“No tiene sentido nombrar un jefe nuevo por solo tres meses [en reemplazo de Aguilar]. Por reglamento, debe asumir el segundo representante del MTC quien, por haber estado en el directorio, está al día. Parte de la crisis [actual] es que no hay quien le dé continuidad [a los proyectos]”, opinó Florez.
