Encuesta Ipsos-El Comercio: cómo las promesas del MTC y lo que quiere la población van en lados opuestos

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Ese 3 de noviembre fue un día nefasto para la buscada reforma del transporte. Pero no fue el único. La carrera por boicotear los todavía insuficientes avances en la reforma tiene varios años. En el Congreso anterior, por ejemplo, Fuerza Popular y Acción Popular presentaron hasta cuatro proyectos de ley para renovar automáticamente las autorizaciones de rutas de todas las empresas, incluso las más deudoras, y recortar competencias de la ATU. Esta vez, sin embargo, la gestión de Silva y del gobierno de Pedro Castillo lo hace en nombre del pueblo.

Pero ¿qué piensa el pueblo? La última encuesta realizada por Ipsos para El Comercio muestra que la mayoría de encuestados se opone a los puntos negociados entre el MTC y los transportistas: un 80% considera que la renovación de rutas debe realizarse solo a aquellas empresas que cumplan con los requisitos y un 73% sostiene que deben pagar las multas que les corresponden y ser retiradas de circulación si no lo hacen.

Intereses opuestos

Para Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, estos resultados muestran que las propuestas del Ejecutivo no son acordes a las necesidades de la población. De hecho, el estudio anual sobre calidad de vida que realiza la organización que lidera ubica al transporte público como uno de los principales problemas para las personas en Lima y Callao. “Las autoridades, en su gran mayoría e históricamente, le dan la espalda a las necesidades de los ciudadanos. Se requiere soluciones que no se ofrecen, que no se implementan y, en aquellos casos que sí se avanzan, son petardeadas desde el Congreso y ahora desde el gobierno central”, dice a El Comercio.

Con ella coincide Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, quien agrega que hay intereses de empresarios informales detrás de las decisiones de algunas autoridades, tanto en el Ejecutivo como el Congreso. Esto quedó en evidencia el jueves 11 de noviembre, cuando el Pleno rechazó interpelar al ministro Silva con votos de Perú Libre, Juntos por el Perú y abstenciones mayoritarias de Fuerza Popular y Acción Popular. Al titular el MTC se le cuestionaba su falta de experiencia en el sector y arrastrar una deuda de S/ 4.300 por prestar servicio (colectivo) sin autorización.

“Todos tienen intereses. Empezando por el ministro, que ha sido empresario, conductor y tiene varias multas. La cabeza del sector transporte es parte de lo que queremos cambiar igual que el Congreso. Muchos congresistas llegaron por el voto de los colectiveros informales o están ligados a empresas de transporte irregular en minivan del sur del país. Ellos son parte del problema”, indica Flórez.

Aunque sí considera que se requieren cambios, opina que “lejos de cortar cabezas” el MTC debería evaluar por qué no avanza la reforma y qué apoyo necesita. “Eso evidencia un desconocimiento del sector”, señala.

La situación se vuelve incluso más crítica, agrega Cynthia Yamamoto, cofundadora del colectivo Peruanos de a pie, por la necesidad de garantizar un transporte de calidad para evitar contagios en la pandemia.

“Al margen del tema político, la percepción del usuario, ahora que estamos en una etapa de reapertura, es que no hay adecuada oferta de transporte para los nuevos aforos por el COVID”, dice.

Sostiene que defender la autonomía de la ATU impactará también en lo que pase en otras regiones con iniciativas para implementar sistemas integrados de transporte. “Lo que pase en Lima con la ATU, de verse debilitada, será un efecto dominó. Los transportistas no van a tener incentivos en cambiar el modelo empresarial”, señala.

Este cambio implicaría apostar por empresas prestadoras de servicio público con inversión suficiente para garantizar calidad adecuada y un respaldo desde el Estado que brinde inversión pública para el mantenimiento del sistema. Una tarea que involucra a ambos actores que hasta el momento, al menos así lo demuestran sus reuniones, poco o nada piensan en el interés de los usuarios.

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