El pleno del Congreso aprobó, con 84 votos a favor, 24 en contra y nueve abstenciones, la ley que propone crear incentivos económicos y fiscales para el fomento de actividades cinematográficas y audiovisuales peruanos.
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Según la norma, el Estado debe promover estas actividades de manera descentralizada, buscando un desarrollo integral, sostenido e inclusivo en todo el territorio nacional.
Este proyecto, cuestionado por colectivos de cineastas, tiene el objetivo de regular el financiamiento de las películas peruanas que relaten las violaciones de derechos humanos en la época del terrorismo. Además, limitaría el presupuesto para el cine de autor, regional e indígena.
Cabe mencionar que, las asociaciones de cineastas y comunicadores en Perú consideraron que la norma “censura la libre expresión consignada en la Constitución del Perú”. Añadieron que, de este modo, se entrega el “control de la creación cinematográfica a sectores autoritarios y conservadores”.
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También señalaron que la medida discrimina a los cineastas, “en especial a los provenientes de las regiones” debido a que les exigen financiar el 50 % del presupuesto de sus películas, y establece que la comisión fílmica sea responsabilidad de la agencia de promoción estatal PromPerú “un ente ajeno al Ministerio de Cultura”.
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