China sentenció el lunes a un ciudadano estadounidense de 78 años a cadena perpetua por cargos de espionaje, en un caso que podría exacerbar el deterioro de los lazos entre Beijing y Washington en los últimos años.
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Los detalles de los cargos contra John Shing-Wan Leung, quien también tiene residencia permanente en Hong Kong, no se han hecho públicos.
Leung fue detenido el 15 de abril de 2021 por la oficina local de la agencia de contrainteligencia de China en la ciudad de Suzhou, en el sureste del país, según un comunicado publicado por el tribunal intermedio de la ciudad en su sitio de redes sociales. Su detención se produjo después de que China cerrara sus fronteras e impusiera estrictas restricciones a los viajes nacionales y controles sociales para combatir la propagación de la COVID-19.
Tales investigaciones y juicios se llevan a cabo a puerta cerrada y, por lo general, se divulga poca información aparte de vagas acusaciones de infiltración, recopilación de secretos y amenazas a la seguridad del Estado.
Las relaciones entre Washington y Beijing están en su punto más bajo en décadas en medio de disputas sobre comercio, tecnología, derechos humanos y el enfoque cada vez más agresivo de China hacia sus reclamos territoriales que involucran al gobierno autónomo de Taiwán y el Mar de China Meridional. Las visitas gubernamentales de alto nivel se han suspendido y las empresas estadounidenses están retrasando inversiones importantes en medio de mensajes contradictorios de Beijing.
La sentencia se produce cuando el presidente de los EE. UU., Joe Biden, viaja a Hiroshima, Japón, para la cumbre del Grupo de los Siete principales países industriales, seguida de una visita a Papua Nueva Guinea, una nación insular del Pacífico en una región donde China ha buscado aumentar su economía, influencia militar y diplomática. Después de las ganancias de Beijing en el área, EE. UU. y sus socios de Asia-Pacífico intensificaron su presencia regional, ofreciendo inversiones y apoyo financiero que rivaliza con los proporcionados por China.
Ahora que es la segunda economía más grande del mundo, China está expandiendo su presencia en puertos, ferrocarriles y otras infraestructuras desde Europa hasta el sudeste asiático y más allá.
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Si bien el tribunal de Suzhou no ofreció indicios de un vínculo con las relaciones generales entre China y Estados Unidos, los cargos de espionaje son muy selectivos y no se divulgan pruebas que los respalden. Esa es una práctica estándar entre la mayoría de los países, que desean asegurar sus conexiones personales, redes y acceso a la información.
Sin embargo, el sistema político autoritario de China y el control absoluto del gobernante Partido Comunista sobre los asuntos legales, la sociedad civil y la libertad de información impiden las demandas de más información, así como las apelaciones judiciales.
La embajada de EE. UU. en Beijing dijo que estaba al tanto del caso, pero no podía hacer más comentarios debido a problemas de privacidad. “El Departamento de Estado no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, dijo la embajada en el comunicado enviado por correo electrónico.
El gobierno de Hong Kong, una antigua colonia británica que volvió al control chino en 1997, no dio más información sobre la sentencia de Leung. Cuando se le preguntó sobre el caso el lunes, el secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que las autoridades chinas informaron el arresto a la ciudad a través de un mecanismo de notificación en 2021. Tang no ofreció más detalles sobre el caso.
Cuando fue devuelto a China, se le prometió a Hong Kong que mantendría sus libertades financieras, sociales y políticas, pero Beijing esencialmente ha frustrado ese compromiso desde que tomó medidas enérgicas contra los manifestantes a favor de la democracia e impuso una ley de seguridad nacional radical en 2020 .
Las agencias de seguridad nacional chinas también allanaron las oficinas de firmas consultoras de empresas extranjeras en Beijing y otras ciudades como parte de una ofensiva contra las empresas extranjeras que proporcionan datos económicos confidenciales.
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Las empresas extranjeras que operan en China se han visto sometidas a una presión cada vez mayor a medida que el gobierno de Xi Jinping refuerza el control sobre la economía. Eso contrasta marcadamente con los esfuerzos para atraer de nuevo a los inversores extranjeros después de que se levantaran las draconianas restricciones por la pandemia de COVID-19 a principios de año.
Las largas detenciones previas al juicio no son inusuales en China y los fiscales tienen amplios poderes para detener a las personas acusadas en casos de seguridad nacional, independientemente de su estatus de ciudadanía.
Dos chino-australianos, Cheng Lei, que anteriormente trabajó para la emisora estatal de China, y el escritor Yang Jun, han estado detenidos desde 2020 y 2019 respectivamente sin noticias sobre su sentencia.
La sospecha del gobierno se centra especialmente en los ciudadanos extranjeros nacidos en China y en las personas de Taiwán y Hong Kong, especialmente si tienen contactos políticos o trabajan en el mundo académico o editorial.
Bajo Xi, el partido ha lanzado múltiples campañas contra lo que llama esfuerzos extranjeros para sabotear su gobierno, sin mostrar evidencia. Se ha ordenado a las universidades que censuren los debates sobre derechos humanos, la historia china moderna y las ideas que puedan suscitar dudas sobre el control total del Partido Comunista.
El gobierno de Xi también ha adoptado una línea dura en las relaciones exteriores, más recientemente ordenó la salida de un diplomático canadiense en represalia por la expulsión de Ottawa de un miembro del personal de la embajada china acusado de amenazar a un miembro del parlamento canadiense y a los miembros de su familia que viven en Hong Kong.
Eso encaja con la postura global de confrontación de Xi que ha visto a China asociarse con Rusia acusando a Occidente de provocar la invasión de Ucrania por parte de Moscú y de tratar de derrocar el dominio liberal liderado por Estados Unidos en los asuntos globales.
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