Nayib Bukele, el presidente millennial que cada vez se parece más a los dictadores tradicionales

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No usaba corbata, se lo veía siempre activo en las redes sociales y, pese a que había estado al frente de dos alcaldías (incluida la de San Salvador, la capital), se presentaba como el ‘millennial’ dispuesto a acabar con la tradicional y corrupta política que reinaba en el pequeño país centroamericano.

Desde entonces, sin embargo, la imagen de Nayib Bukele se ha transformado. Una irrupción en la Asamblea Legislativa rodeado de militares, el acoso a la prensa, una reforma con la que borró del Poder Judicial a los magistrados que no lo apoyaban y ahora una reforma con la que podrá tentar la reelección en el 2024 han revelado a un líder autoritario tradicional bajo el disfraz de ‘influencer’.

El dictador ‘cool’

El episodio más reciente dentro de su polémico mandato se escribió a inicios de esta semana, cuando la descripción en su cuenta de Twitter cambió de “presidente de El Salvador” a “El Dictador más ‘cool’ del mundo mundial”.

La autodenominación fue una clara mofa a los miles de salvadoreños que durante las últimas semanas han protagonizado las manifestaciones más grandes en su contra desde que llegó al cargo.

“Es también un mensaje de desprecio a las críticas de la comunidad internacional que, frente a la erosión del Estado de derecho, empieza a ver a Bukele por lo que es: un déspota narcisista que está convirtiendo a la democracia salvadoreña en una dictadura”, comenta a El Comercio el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

El abogado que en el pasado ha calificado a Bukele como “un político retrógrado y autoritario” asegura que la imagen de líder juvenil conectado con las demandas sociales se ha venido diluyendo.

“Bukele realiza grandes esfuerzos para vender la imagen de líder juvenil conectado con las demandas de la sociedad a través de las redes sociales. Fue una apuesta que le funcionó relativamente bien al inicio de su gobierno, cuando era señalado como el candidato anti-establishment, con promesas de modernizar el país”, señala.

“Tras dos años, no quedan dudas de que todo era una fachada y que estamos en presencia de un vulgar caudillo latinoamericano. Para despejar cualquier duda de lo ‘progresista’ que es, Bukele emitió un comunicado anulando cualquier posibilidad de incluir la legalización del aborto y el matrimonio igualitario en el proyecto de reforma constitucional que está diseñando a su medida”, agrega Vivanco.

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“La experiencia en la región nos da una pauta de cómo sigue el libreto. Es decir, esperamos ver mayor censura a los medios de comunicación independientes y organismos de la sociedad civil, instrumentalización de las fuerzas de seguridad, persecución a opositores, fin de la alternancia en el poder, arbitrariedades avaladas por un poder judicial de bolsillo y, si empieza a perder popularidad, podrá recurrir al fraude electoral si lo requiere”, advierte.

Rápido copamiento

En estos dos años y tres meses, Bukele ha conseguido no solo controlar el Ejecutivo, sino que también cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, ha politizado a las Fuerzas Armadas y vulnerado la estructura del Poder Judicial a su favor, advierte Vivanco.

“A esta altura ya no hay dudas de que conduce al país hacia un régimen autoritario a gran velocidad, mucho más rápido de lo que le tomó a [Hugo] Chávez. En un escenario de creciente opacidad están en riesgo todos los actores de la sociedad civil que todavía puedan fiscalizar sus abusos, incluyendo periodistas, defensores de derechos y activistas. Ya hay preocupantes señales de que Bukele apunta en esta dirección: ha impulsado investigaciones penales en contra del prestigioso medio El Faro y amenaza a una revista digital con persecución penal si no revela sus fuentes”, agrega.

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“Hay todo tipo de amenazas a la prensa”

Entrevista a Fernando Romero, periodista de la revista Factum.

- Este miércoles, la SIP se declaró preocupada por la situación de la prensa en El Salvador luego de que el principal asesor jurídico de la presidencia amenazara con denunciar a dos periodistas de la revista Gato Escondido si no revelaban las fuentes de una investigación. ¿Cómo ha repercutido el caso en el resto de la prensa salvadoreña?

Así es. Se trata de una publicación en la que descubrieron, mediante fuentes del Tribunal Supremo Electoral, que momentos antes de que la Sala de lo Constitucional impuesta por el régimen declarara que la reelección presidencial es válida -pese a que está cuatro veces prohibida en la Constitución- el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, los llamó para que el Tribunal se pronuncie a favor de la resolución. Las fuentes pidieron anonimato y la revista lo respetó. El asesor dijo que la noticia era una mentira y amenazó con demandarlos por difamación a menos de que revelen la identidad de sus fuentes. Eso no solo es antiético sino que las leyes salvadoreñas obligan al secreto profesional. Los periodistas no solo nos amparamos en que podemos proteger la identidad de nuestras fuentes sino que estamos obligados a hacerlo. Esto es una clara amenaza al periodismo, a los medios y sobre todo una amenaza velada para las fuentes.

- ¿Qué otros riesgos o amenazas enfrentan los periodistas de su país?

Hay todo tipo de amenazas. Desde las más sutiles, por llamarlas de alguna forma, como la amenaza de una denuncia, hasta agresión física o amenazas de agresiones. En revista Factum tenemos periodistas que estuvieron a punto de ser vapuleados por seguidores del partido Nuevas Ideas la noche de las elecciones de este año. Colegas de El Faro estuvieron bajo amenazas de agresión física. Luego, hay bloqueos como la política del Gobierno de que ningún funcionario puede hablar con medios de investigación como Factum, Gato Encerrado, El Faro, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy o el programa televisivo Foco. Luego están los procesos legales, a Gato Encerrado y a Factum nos han censurado dos investigaciones ya publicadas. Un Tribunal de Familia le ordenó a Gato Encerrado que quitara una nota sobre el nuevo Fiscal General y su proceso por violencia familiar. A nosotros nos ordenaron hacer lo mismo con una investigación sobre un asesino en Chalchuapa que tenía conexiones con las autoridades. La salida que encontramos fue la ayuda de nuestros aliados internacionales, muchos medios extranjeros publicaron íntegramente nuestra investigación y así pudo ser conocida en El Salvador.

- ¿Cómo se explica la alta popularidad de Bukele pese a todo?

De la misma forma en la que se explica su elección y la victoria de su partido en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías. La población está cansada del sistema de partidos políticos que gobernó en las últimas décadas: la falta de renovación, los casos de corrupción, la alternancia en el poder entre Arena y el FMLN. Una encuesta de la Universidad Centroamericana, sin embargo, muestra que hay signos de desencanto con la Administración Bukele. No es tan notoria pero su calificación no bajaba de 8 y ahora es de 7,6. Sigue teniendo una popularidad alta, sigue siendo preferible para la población ante otras opciones políticas y arrollaría en nuevas elecciones. Pero de forma mínima o gradual empieza el desencanto por decisiones como la implementación del Bitcoin, por ejemplo.

- ¿Queda algún ente capaz de fiscalizar al Gobierno actual?

Pues ninguno. La Corte de Cuentas ya fue coaptada, el Instituto de Acceso a la Información Pública también y recientemente la Asamblea eligió al Consejo Nacional de la Adjudicatura, que ofrece a la Corte Suprema los perfiles de los posibles nuevos jueces de la república. El pequeño contrapeso que queda, muy simbólico, son los jueces. Pero ellos están amenazados porque muchos funcionarios han indicado que las resoluciones deben ser como ellos quieren. En el caso de opositores políticos juzgados por corrupción, los jueces están amedrentados al nivel de que no pueden tener otra resolución que no sea la de culpables. Quiero ser claro con esto, el periodismo reveló muchos de esos casos de corrupción, hemos tenido evidencia suficiente para hacer las publicaciones, la Fiscalía ratificó esas evidencias. Estamos ante casos y muchos son muy claros. Pero no puedes obligar a un juez a declarar culpable a una persona, eso es un atentado contra su independencia.

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