La megacárcel que Bukele abrió en El Salvador: ¿Es el golpe decisivo contra las maras como dice el presidente?

En una cadena nacional de televisión, el Gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al presidente realizando un recorrido dentro de la prisión junto con un grupo de funcionarios. La prensa no ha tenido acceso al gigantesco edificio.

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El pasado 21 de julio, Bukele afirmó en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”.

La cárcel está ubicada en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El Gobierno no ha informado sobre el costo de la obra.

El miércoles, el presidente dijo que la megaprisión es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a las maras.

“El martes inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo... es una gigantesca obra realizada en tan solo siete meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas”, escribió el mandatario en Twitter.

600 soldados

y 250 policías resguardarán la megacárcel, dijo el ministro de Defensa René Merino

“Con esto el gobierno le está diciendo a las pandillas que ellas no tienen ningún control, el control lo tienen las instituciones del Estado y que aquellos que cometan actos de violencia o delitos en contra la sociedad, van a parar en esa cárcel”, dijo el politólogo Óscar Peñate a la agencia AFP.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, no comparte en absoluto la afirmación del presidente. En diálogo con El Comercio, recuerda que el fenómeno de las pandillas no es nuevo en el país y alerta que naciones vecinas como Guatemala y Honduras están en una situación de violencia similar a la que experimentó El Salvador entre el 2020 y 2021.

“Entonces, a partir de esta situación no se puede decir que la estrategia y la prisión representan un triunfo del Gobierno cuando la frontera está muy cerca y el accionar de las pandillas sigue siendo una realidad en países vecinos. Nada asegura que en un futuro muchos de estos pandilleros vuelvan a ingresar al país y puedan tomar de nuevo el control de la criminalidad”, dice Montenegro.

En cuanto al estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo, Montenegro se pregunta si esto se convertirá en algo que va a ser permanente. “Eso significa que se seguiría violentando totalmente el derecho que tienen los ciudadanos al debido proceso legal y a otras garantías constitucionales. No estamos en contra del combate a las pandillas, lo que nosotros cuestionamos son los procedimientos. Los mecanismos inapropiados. Esto ha llevado a que se cometan violaciones a los derechos humanos, tortura. Unas 90 personas han muerto en las cárceles sin ninguna explicación concreta del Gobierno sobre lo que ha sucedido, solo ha dicho que estos reclusos se negaron a ser asistidos, cosa que nosotros dudamos”.

Entrevista a Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Right Watch

"La prisión es la culminación de un modelo abusivo"

El presidente Bukele ha dicho que la megacárcel es el golpe decisivo contra las maras. ¿Qué opina de esa afirmación?

Reafirma el carácter extremadamente punitivo de las medidas implementadas por Bukele y que apuntan a hacer propaganda de un tema muy grave que es la brutal violencia de las pandillas en El Salvador. 

Una forma de analizarlo es mirando la manera en la que el gobierno ha hecho la presentación de la prisión. Esto es, a través de una cadena nacional difundida en redes sociales, donde lo que se realza es el valor de la represión. La prisión va un poco en ese sentido, es la culminación de un modelo abusivo que solo tiene como objetivo sostener la popularidad de Bukele. Es un modelo que no apunta a mejorar las causas estructurales que llevan a miles de salvadoreños a unirse a las pandillas, ni busca justicia para las víctimas de estos grupos criminales. No. Lo que vemos es la exaltación de las fuerzas de seguridad, aunque sean abusivas, y la reivindicación de “celdas de castigo”. Una prisión a la medida de un gobierno que ha hecho de la concentración de poder y la represión su bandera. 

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este casi año de estado de excepción en El Salvador? 

El régimen de excepción ha significado un desastre en materia de derechos humanos, particularmente en comunidades de bajos ingresos. Como hemos señalado sobre la base de una investigación que hicimos junto a Cristosal, una organización salvadoreña, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención y muertes bajo custodia. A su vez, gracias al análisis de una base de datos oficial que pudimos conseguir, hemos podido corroborar detenciones de menores de edad, hacinamiento extremo en prisión y pocas perspectivas de justicia para las víctimas de abusos cometidos por las pandillas. Es una medida simplista enfocada al encarcelamiento masivo sin dar respuestas de fondo a los graves problemas del país en materia de seguridad ciudadana.

Casi 63.000 encarcelados en 10 meses

El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 2 por ciento del total de su población adulta.

Casi 63.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador durante la “guerra” que lanzó Bukele hace 10 meses, informó el lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Las pandillas “tenían recaudación [mediante extorsiones] e impartían justicia con plomo matando gente” [...], eso es un Estado paralelo que no goza de ninguna legitimidad, y por eso es que estamos en guerra contra estos terroristas”, dijo Villatoro.

Los masivos arrestos se amparan en el régimen de excepción vigente desde marzo del 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Dicha medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele tras una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año. El estado de excepción ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como extranjeras.

Antes de marzo del 2022, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros.

El viernes, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un “hacinamiento extremo” y que hay muchos menores de edad presos al amparo del régimen de excepción.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Amnistía Internacional también ha criticado la vigencia del estado de excepción: “La seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Tal como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso”, escibió Duncan Tucker, jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional.

90% de los salvadoreños

evalúa bien o muy bien la gestión del presidente Nayib Bukele, según una encuesta de la firma CIG-Gallup

Una megacárcel en donde será “imposible escapar”

El Gobierno ha dicho que la cárcel está ubicada en una extensión de 116 hectáreas, de las cuáles 23 pertenecen a edificios de la prisión.

En esas 23 hectáreas ocupadas, la megacárcel tiene ocho módulos “que permitirán internar a terroristas que acechaban nuestro país”, informó el Ministerio de Obras Públicas, que estuvo a cargo de la construcción del recinto.

La megacárcel tiene muros de concreto reforzado, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por cientos de militares y policías, describió la agencia AFP.

“Si un terrorista intenta escapar del CECOT tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos de concreto que garantizan que NADIE pueda salir del recinto”, indicó el Gobierno en Twitter.

Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares en el penal.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, dijo el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

En las imágenes divulgadas por el Gobierno se ven celdas de unos seis por cuatro metros, con tres literas de metal con nueve camas en total, dos lavamanos y dos inodoros.

También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta, quienes “no van a ver la luz del sol”, según el viceministro Luna.

En el penal hay comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias, así como talleres de trabajo para los reclusos.

Los reos asistirán a sus audiencias judiciales de manea virtual, precisó el Gobierno. Esta medida asegura que los presos no puedan salir del recinto hasta el cumplimiento de sus condenas.

Homicidios a la baja

El Salvador cerró enero con una tasa “por debajo” de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, dijo el miércoles el presidente Bukele, quien aseguró que es “la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano”.

La agencia EFE recuerda que El Salvador registró 496 homicidios en el 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021.

La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde el 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En el 2019 se registraron más de 2.390 muertes.

En el peor momento de la violencia desatada por las pandillas, El Salvador llegó a registrar tasas de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Y lo otro es el maltrato, la tortura, la golpiza y la falta de atención médica a los detenidos que no ha sido brindada por el Estado.

¿Será sostenible en el tiempo esta situación de cifras en descenso de la criminalidad? Miguel Montenegro recuerda que varios medios de investigación, como El Faro, han informado sobre neociaciones y acuerdos del Gobierno de Bukele con los líderes de las pandillas para bajar el nivel de violencia y parar los enfrentamientos entre ellos a cambio de beneficios. “El Gobierno no ha dado ninguna respuesta al respecto. La duda sigue presente. Creo que si fuera así, es bien difícil de que pueda ser sostenida en el tiempo”.