ONG Cristosal alerta que El Salvador convierte detención provisional en “pena anticipada”

La reconocida organización Cristosal alertó que el Estado de El Salvador convierte la detención provisional en “pena anticipada”, esto luego de que la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI)- reformara una ley para ampliar a dos años más el plazo del arresto provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022.

El Congreso, a petición de las autoridades de Seguridad el Gobierno salvadoreño, aprobó el pasado 15 de agosto una ley contra el crimen organizado, con lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra los detenidos durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.

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Cristosal, en un comunicado al que EFE tuvo acceso este martes, señaló que con la reforma “el régimen instrumentaliza la justicia y la transforma en una política de terror de Estado”, “porque cuando un Gobierno priva de derechos a un grupo, termina negándoselos a toda la sociedad”.

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La organización, que cerró operaciones en El Salvador ante una “escalada represiva” en contra de defensores de derechos humanos, recordó que se ha documentado que “la gran mayoría de detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias, carentes de pruebas individuales, y que miles de personas han sido sometidas a condiciones inhumanas y de tortura que han provocado al menos 403 muertes bajo custodia estatal”.

“Prolongar indefinidamente la instrucción penal no solo impide exponer en juicio la falta de pruebas, sino que abre la puerta a condenas injustas masivas”, expuso.

Apuntó que “mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable, agravado por la obstrucción del derecho a la defensa y la ausencia de supervisión real de un juez imparcial, lo que constituye una violación abierta de la Constitución y a instrumentos internacionales como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Además, señaló que la reforma también “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos, al establecer que sean juzgados por los mismos jueces que procesan a adultos en la jurisdicción contra el crimen organizado, funcionarios que ya han incurrido en sistemáticas violaciones al debido proceso durante el régimen de excepción”.

La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen de excepción, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.

La aprobación de la reforma se dio en momentos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a “adoptar las medidas pertinentes” para la terminación del régimen de excepción, por su “indebida aplicación” en casos no relacionados con el crimen organizado.

La Asamblea Legislativa ha prorrogado en 41 ocasiones el régimen, que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

La medida extraordinaria, que a la fecha deja más de 88.750 detenciones, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.