La investigación del caso Odebrecht ha concluido en Panamá con un centenar de imputados, entre ellos dos expresidentes y exfuncionarios de tres gobiernos, y con temores de que se imponga la impunidad en el mayor escándalo de corrupción del país.
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“Aquí hubo falta de voluntad, se cometieron algunos errores en cuanto al análisis del caso, los tribunales no resolvían en tiempo oportuno” las centenares de impugnaciones de los imputados, y todo eso afectó la “muy compleja” investigación, opinó este martes en declaraciones a EFE el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), dijo por su parte que la Justicia panameña, cuya “efectividad e independencia están en entredicho”, enfrenta con el caso Odebrecht “su mayor prueba”.
Según la información disponible, la investigación comenzó en enero de 2017 y obtuvo dos prórrogas de los tribunales. Cerró dejando la sensación de que personas involucradas se quedaron por fuera, dijo el presidente del capítulo panameño de TI, Carlos Barsallo.
El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijo a medios locales que el tiempo de la investigación se agotó la semana pasada y que el expediente es muy voluminoso, pues tiene 1.120 tomos.
Ulloa precisó que hay imputadas 100 personas naturales y dos jurídicas, y que a lo largo de la investigación se solicitaron 154 asistencias judiciales de las cuales 70 aún están pendientes de respuesta.
Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), señalado por supuestamente cobrar coimas de la empresa, y el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), por haber presuntamente recibido de la constructora financiación ilícita de sus campañas.
TI capítulo de Panamá indicó en un documento que también están imputados familiares de los expresidentes, varios exministros de Estado y exfuncionarios de los gobiernos de Varela, Martinelli y de Martín Torrijos (2004-2009).
El fiscal general afirmó que en el marco del expediente Odebrecht “se han logrado 18 acuerdos de pena y acuerdos de colaboración, que implican ya la condena dentro de más de 10 personas”, así como “la recuperación de 227 millones de dólares entre bienes, dinero y multas que la empresa y personas naturales tendrán que pagar al Estado panameño”.
La Fiscalía y Odebrecht firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares, el cual fue validado por un tribunal panameño.
Con el fin de la investigación el Ministerio Público prepara la vista fiscal, que, dado lo voluminoso del expediente, podría estar lista para ser entregada en diciembre próximo a los tribunales, que deberán fijar después las fechas de las audiencias, dijo Ulloa.
El capítulo panameño de TI alertó que el juicio podría extenderse por años, dada la cantidad de imputados y sus abogados, unas 180 personas, lo que hará complejo el proceso de notificación y de celebración de la audiencia preliminar, en la que se requiere la presencia de todos los involucrados.
Y en el proceso la posibilidad de que se imponga la impunidad “existe, porque nuestro sistema de Justicia no es robusto, nuestro sistema de Justicia ha quedado en deuda, lo hemos visto ya en casos de importancia, de una u otra manera no quieren entrar en el fondo de la controversia”, dijo el experto constitucionalista Cedeño.
“De ahí la importancia de que a estas alturas el Ministerio Público hubiera aclarado a la opinión pública hasta dónde pudo avanzar en la investigación”, agregó.
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