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Con un ex alto cargo del PSOE preso y sus aliados cada vez más críticos, ¿podrá Pedro Sánchez gobernar España hasta el 2027?
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La crisis política española sigue agudizándose luego de que este lunes 30 de junio un juez del Tribunal Supremo dictara prisión preventiva sin opción de fianza contra el exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, en el capítulo más reciente del escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez.
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Cerdán, quien llegó a ser el número tres dentro de la estructura del partido oficialista y hombre de extrema confianza de Sánchez, se desempeñó como “jefe de una organización criminal” que buscó “penetrar en el Gobierno”, de la mano del exministro de Transportes socialista Jose Luis Ábalos y el exasesor de éste Koldo García, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción que fue aceptada por el juez Leopoldo Puente.
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El magistrado encontró un “homogéneo y consistente conjunto de indicios (...) verdaderamente extraordinario” de delitos, en los que presuntamente incurrió Cerdán, de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El exsecretario habría recibido y repartido las “mordidas” (coimas) de constructoras a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.
Cerdán, mientras tanto, intentó defender su inocencia afirmando ser una “víctima”, por sus labores para garantizar que en España hubiera un Gobierno de izquierda, según fuentes judiciales citadas por EFE.
La medida contra el exsecretario es la más contundente desde que se abrió la causa debido al “peligro fundado” de que Cerdán pueda “ocultar, alterar o destruir” pruebas, argumento el juez Puente.
“Definitivamente es un tema que nos tomó de manera imprevista a quienes analizamos el entorno internacional. Sobre todo por el envío a prisión, cuando no se hizo lo mismo contra los otros dos investigados que parecían más comprometidos. Esto sugiere que no solo existirían indicios contra Cerdán sino evidencia”, comenta a El Comercio Jorge Moreno, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lima.
Tal como refiere el analista, tanto Ábalos como García tienen como medidas cautelares la prohibición de salir de España, el retiro de pasaporte y comparecencias quincenales.
El Caso Koldo, como se conoce a la trama de corrupción que se investiga desde hace más de un año en España, dio un salto el 12 de junio, cuando la Unidad Central Operativa (UCO), el cuerpo especial anticorrupción de la Guardia Civil española, reveló un informe que apuntaba directamente a que Santos Cerdán habría gestionado por lo menos 620.000 euros en comisiones ilegales.

- Impacto político -
Desde su destape, el caso ha generado un sismo en el Palacio de La Moncloa, sobre todo porque la llegada de Sánchez al poder en el 2018 se produjo bajo la bandera del combate a la corrupción luego de un escándalo que provocó la censura de su predecesor, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP).
Sin embargo, a la fecha, el actual jefe de gobierno se ve rodeado por hasta ocho investigaciones de corrupción que involucran a su entorno más cercano y personal de confianza.
Pese a ello, Sánchez sigue descartando dimitir o convocar elecciones anticipadas. Este lunes 30, tras conocerse el fallo contra Cerdán, se pronunció desde Sevilla asegurando que “el PSOE actuó de manera contundente” ni bien se tuvo conocimiento del informe presentado por la UCO.
“Ahora es el momento de la justicia, y es la justicia la que tiene que dirimir exactamente cuáles son [sus] responsabilidades”, afirmó el jefe de gobierno.

Sin embargo, las voces que piden su dimisión se escuchan cada vez con más frecuencia y ya no solo desde la acera de enfrente.
“El gobierno ha quedado muy frágil y veo pocas posibilidades de que pueda mantenerse hasta el 2027. La presión será cada vez mayor con la derecha pidiendo su dimisión, pero también lo estamos viendo del lado de los socialistas, quienes comienzan a pedir su renuncia y nuevas elecciones”, comenta el internacionalista Francisco Belaunde Matossian.
La oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, pidió la salida de Sánchez, con la secretaria general del PP, María Concepción ‘Cuca’ Gamarra, asegurando que “Cerdán ha hecho lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez, así que si uno cae judicialmente, el otro debe caer políticamente”.
Mientras que la fragmentación entre los aliados de izquierda sobre la que alerta Belaunde queda demostrada en la “demanda de máxima transparencia” por parte de Junts per Catalunya y la crítica lanzada desde Podemos.
“No es la trama de corrupción de Santos Cerdán, no es la trama de corrupción de Ábalos, no es la trama de corrupción de Koldo, es la trama de corrupción del Partido Socialista. Y como digo, creemos que Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones”, acusó el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.
Este resquebrajamiento entre Sánchez y sus aliados podría terminar siendo una sentencia para el jefe de gobierno, tomando en cuenta que al PP y Vox le hacen falta solo cuatro votos más en el Congreso para poder presentar una moción de censura en su contra.
Para Moreno se trata de “una reacción lógica cuando hay un tema de corrupción entre aliados. Si fuera otro tema, como apoyar sin autorización alguna acción de la OTAN o algún cambio ministerial puede ser controversial y listo, pero cuando se trata de corrupción todos intentan dejar en claro que no están involucrados”.
Sin embargo, el experto considera que el problema real es mucho más profundo que un simple escándalo protagonizado por los gobernantes de turno y apunta a toda una estructura estatal corrupta.
“Este hecho ya resulta repetitivo en España. Ha habido escándalos de corrupción en los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez. En este caso lo que más indignación genera es que los negociados se hicieron durante la época más dura de la pandemia; pero en general hablamos de 25 o 30 años de casos similares. Entonces, el sistema jurídico o de contraloría parece no haberse perfeccionado en España”, finaliza Moreno.










