Un botín de 6,7 millones de euros en coimas para el exnúmero dos de Pedro Sánchez: cómo el Caso Cerdán complica más al gobierno socialista español

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El proceso gira en torno a la presunta colusión de funcionarios del gobierno y miembros del partido socialista con el empresario Antxón Alonso, dueño de la empresa Servinabar 2000, y ejecutivos del conglomerado de construcción Acciona para conseguir concesiones irregulares de obras públicas a cambio de coimas.

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Ábalos y su asesor, Koldo García, también se han visto implicados en otro caso de corrupción relacionado a supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Estos casos han golpeado considerablemente al gobierno de Pedro Sánchez, quien asumió el cargo en el 2018 tras liderar una moción de censura contra Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), envuelto entonces en una crisis de corrupción, que el flamante mandatario prometió entonces limpiar.

Cerdán, quien fuera hombre de confianza de Sánchez, fue liberado tras cinco meses de prisión luego de que el Tribunal Supremo considerara que se había “mitigado seriamente” el riesgo de destrucción de pruebas, aunque obligado a compadecerse cada 15 días ante el juzgado y restricciones contra su salida del país.

Su liberación ocurrió un día después de que un informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO) detallara minuciosamente los mecanismos mediante los cuáles Cerdán gestionaba el cobro de coimas a empresas como la de infraestructuras Acciona.

El origen de la corrupción

Según el informe de la UCO, Cerdán, Koldo García y Antxón Alonso integran una supuesta organización criminal que había conseguido ilegalmente contratos de obras públicas con la complicidad de José Luis Ábalos y un directivo de Acciona, Fernando Merino. Los cinco son investigados por los delitos presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

La trama tendría como origen el año 2015, cuando Koldo García entró en contacto con el directivo de Acciona, Fernando Merino, a la par en que Antxón Alonso fundaba la empresa constructora Servinabar con miras a facilitar el proyecto Mina Muga para la constructora y por cuya “asesoría” firmaron un acuerdo de 2,8 millones de euros en mayo del 2017.

Cerdán aquí cumplió un rol central en la operación, al no solo ser dueño del 45% de las acciones de Servinabar mediante un contrato secreto entre él y Alonso en el 2016, sino también al introducir a Koldo García a Ábalos en el 2017. Una relación que facilitó las tramas de los conspiradores cuando este último asumió el cargo de ministro de Transportes en el 2018, con García como su asesor.

Gracias al rol prominente de Ábalos en el gobierno, el grupo criminal pudo facilitar los trámites en torno a Mina Muga y otros proyectos parecidos para empresas constructoras, cobrando un 2% neto del importe de adjudicación a cambio de su ayuda. Sin embargo, Acciona fue por mucho su principal cliente y de los 10 millones de euros percibidos por Servinabar entre el 2015 y el 2025, 6,7 millones (alrededor del 75%) fueron de sus tratos con el conglomerado.

La Guardia Civil considera que Cerdán cumplía una doble función de “intermediario entre Acciona y la Administración Pública” y la canalización de fondos procedentes a la constructora a Koldo García y a Ábalos”.

Asimismo, aunque Cerdán no cobraba dividendos, sí aprovechó beneficios indirectos al colocar a su hermana, esposa y cuñado en el padrón de la empresa y utilizar fondos de Servinabar para gastos personales, incluido el alquiler de un piso en Madrid por 62.840 euros y pagos con tarjeta de crédito por más de 33.000 euros.

La gota que derramó el vaso

El escándalo ha sido un duro golpe para Pedro Sánchez, con sus críticos señalando que la mayoría de la corrupción involucró a prominentes miembros del PSOE y que ocurrió después de que tomara el control del partido en el 2017 y por lo tanto, bajo su responsabilidad.

“¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?”, ironizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, quien a su vez ha exigido la renuncia del jefe de gobierno.

Sánchez por su parte se ha disculpado repetidamente por el escándalo, pero ha negado haber tenido conocimiento de las presuntas irregularidades, insistiendo que el PSOE tiene “tolerancia cero” frente a la corrupción y que ya cesaron a Cerdán en su cargo y lo obligaron a dejar su escaño en el Parlamento.

De todos modos, es una situación complicada para el jefe de gobierno, ya asediado por escándalos de corrupción que involucran a su esposa Begoña Gómez y hermano menor David Sánchez. ¿Qué impacto podrían tener las nuevas revelaciones en el gobierno socialista?

“Lo que ha mantenido a Sánchez en el poder es la renuencia de los partidos nacionalistas a negociar con la derecha”, señaló al Diario Jorge Chávez Mazuelos, profesor de la Academia Diplomática del Perú.

El especialista se refiere a la frágil alianza entre el PSOE con la coalición de partidos de izquierda Sumar y varios grupos independentistas como el Esquerra, Junts, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, que mantienen a Sánchez en el poder, pero que son unidos más por conveniencia - y oposición a la derecha - que por cohesión ideológica. “Una alianza entre la derecha y los partidos nacionalistas sería contra natura: son como el agua y el aceite”, consideró el experto.

Para Chávez, esta situación solo cambiaría si se descubre una conexión directa entre los casos de corrupción y Sánchez, lo que lo pondría en una situación complicada. “Mientras tanto, como no hay una vinculación directa, Sánchez se cura diciendo que ha colaborado con la justicia y separado a Cerdán inmediatamente”, agregó.

Es una opinión similar a la esgrimida por el internacionalista Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, quien agregó que las últimas revelaciones no son tan sorpresivas y “no aportan nada nuevo que provoque que algún socio rompa con Sánchez”.

En cambio, consideró que el verdadero peligro para el gobierno de Sánchez proviene de sus recientes fricciones con sus aliados catalanes en el congreso, “quienes han roto con él no por el tema de la corrupción, sino por sus propias exigencias”.

De todos modos, el experto proyecta que el gobierno continuará “arrastrándose” hasta las elecciones del 22 de agosto del 2027, salvo que aparezca una implicancia directa de Sánchez en la trama, algo que considera improbable tras múltiples informes que no la han encontrado.