La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. a puertas de una decisión histórica: ¿qué está en juego?

En el centro del debate está una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, día de su investidura, que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes sin estatus legal permanente. La medida fue rápidamente bloqueada por jueces federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, quienes la consideraron “flagrantemente inconstitucional”.

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El principio que Trump intenta modificar ha sido considerado durante más de un siglo como un pilar del derecho constitucional estadounidense. Desde 1868, la Decimocuarta Enmienda garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos [...] son ciudadanas”. Esta interpretación fue ratificada por la Corte Suprema en 1898, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark – en el que el tribunal consideró que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano–, y desde entonces ha sido defendida como un límite infranqueable para los poderes del Ejecutivo.

Los defensores de esta política han señalado la ciudadanía por derecho de nacimiento como una piedra angular de lo que significa ser estadounidense, parte del espíritu nacional del país como un lugar abierto a todos, independientemente de su fe, color o credo. De acuerdo con ’The New York Times’, de los 20 países más desarrollados del mundo, solo Canadá y Estados Unidos conceden la ciudadanía automática a los niños nacidos dentro de sus fronteras.

En un escrito presentado ante la Corte Suprema, un grupo de defensa de los inmigrantes argumentó que “la ciudadanía por derecho de nacimiento es el núcleo del precepto fundacional de nuestra nación de que todas las personas nacidas en nuestro suelo son creadas iguales, independientemente de su ascendencia”.

Aunque el origen del debate es más antiguo, la posibilidad de reinterpretar esta enmienda cobró fuerza con la influencia de juristas conservadores como John Eastman, quien más adelante asesoraría a Trump en sus intentos por revertir el resultado de las elecciones de 2020.

El caso que ahora evalúa la Corte no se centra directamente en la validez de la enmienda, sino en si un juez federal puede suspender una política presidencial en todo el país. Durante la audiencia, algunos magistrados expresaron preocupación por el uso frecuente de medidas cautelares de alcance nacional, aunque no hubo consenso sobre cómo abordarlo.

“El uso expansivo de medidas cautelares ha alcanzado niveles de tsunami”, sostuvo el asesor jurídico del gobierno, John Sauer, quien defendió la postura de Trump. Afirmó que estas órdenes exceden la facultad judicial y perturban la separación de poderes, comparándolas con un “arma nuclear”.

Pero juezas como Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron reparos sobre limitar esas órdenes. Jackson advirtió que eso podría convertir el sistema judicial en un “régimen de ‘atrápame si puedes’”, donde cada afectado tendría que contratar un abogado y presentar su propia demanda para detener una política posiblemente inconstitucional.

Consultada por El Comercio, María Puerta, politóloga y profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, coincidió en que limitar el alcance de estas medidas “tendría efectos sumamente negativos, porque dejaría desprotegidos a millones de individuos, afectando el derecho al debido proceso”.

Según AFP, organizaciones como CASA Inc. y el Asylum Seeker Advocacy Project han advertido que, si la Corte restringe estas órdenes a nivel local, la ciudadanía por nacimiento podría aplicarse de forma desigual según el estado. Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey, lo resumió así durante la audiencia: “Se generaría un caos en el terreno, donde la ciudadanía de las personas se enciende y se apaga al cruzar las fronteras estatales”.

Trump, por su parte, volvió a referirse al caso desde su red Truth Social, afirmando que la ciudadanía por nacimiento “no estaba destinada a personas que toman vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de Estados Unidos” y acusando a los migrantes de “reírse de los tontos que somos”.

La defensa del expresidente argumentó que su decreto refleja el “significado original” de la enmienda, que según ellos solo garantizaba ciudadanía a los hijos de exesclavos. No obstante, esa interpretación ya fue rechazada por la propia Corte Suprema en 1898.

María Puerta señala que, aunque el Ejecutivo no tiene poder para cambiar por sí solo esa cláusula, “los republicanos, al no tener mayoría suficiente para reformar la Constitución, acuden a la Corte Suprema, que podría eventualmente reinterpretar la decimocuarta Enmienda mediante revisión judicial”.

Pese a que el tema central del caso es procesal, las implicancias del decreto presidencial no pasan desapercibidas. ¿Puede Trump, por sí solo, modificar una cláusula constitucional tan arraigada? Para Puerta, “legalmente el Ejecutivo no tiene el poder ni la autoridad para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el Congreso puede pasar una enmienda, pero como los Republicanos no tienen la mayoría suficiente para hacerlo, acuden a la Corte Suprema, que podría eventualmente hacerlo mediante revisión judicial o legislando desde el banquillo al reinterpretar la Decimocuarta Enmienda”.

La posibilidad de que la Corte Suprema reinterprete una enmienda constitucional sin reforma formal ha sido tema de debate en otros fallos recientes. La profesora Puerta advierte, además, que un cambio de esta magnitud podría volverse contra sus impulsores en el futuro: “El problema que los conservadores no se han planteado es que esto puede revertirse en el futuro, de llegar los liberales a gozar de una amplia mayoría. Estas medidas de alteración de procesos judiciales, amparados por la Constitución, pueden también ser usadas por los demócratas en el futuro. Los magistrados de la Corte Suprema seguramente lo estarán sopesando, pues entienden que sus decisiones tienen consecuencias a largo plazo”.

Se espera que la Corte emita su fallo en las próximas semanas. Sea cual sea la decisión, marcará un precedente sobre el alcance del poder presidencial, el rol de los jueces federales y la vigencia de una cláusula constitucional que ha definido el concepto de ciudadanía en Estados Unidos desde hace más de 150 años.