Fuerza Aérea de Ecuador busca libertad de militares procesados por desaparición 4 niños en Guayaquil

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) solicitó por escrito la revocatoria de la prisión preventiva contra dieciséis de los diecisiete militares procesados por la desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil, lo que iba a analizarse en la audiencia preparatoria de juicio que estaba prevista para este jueves pero que fue aplazada por la presentación de nuevas pericias no conocidas previamente por los abogados de ambas partes.

En el documento enviado el miércoles, el comandante de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, informó que la institución asumirá la defensa legal de los diecisiete militares procesados y pidió al juez sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares no privativas de la libertad, proporcionales y suficientes para garantizar su comparecencia al juicio, así como el respeto a su derecho a la libertad y al debido proceso.

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El pedido de revocatoria de la prisión lo hizo invocando nuevamente a un artículo de la reciente aprobada Ley de Solidaridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, en el que se establece que a los policías y militares procesados por investigaciones que tengan relación con hechos suscitados “en el cumplimiento de su deber, en el marco del conflicto armado interno” no se les aplicará la prisión preventiva “en ningún caso”, sino que se defenderán en libertad.

Un recurso con el que once soldados ya habían intentado salir hace unas semanas de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, en donde están recluidos, por medio de un habeas corpus que fue negado por un tribunal.

“Para nosotros esto es una intromisión evidente del Ejecutivo, cuando insistió al inicio en que no iba a interferir. Insistir en una revocatoria de la prisión preventiva no es solo poner en riesgo la investigación o el proceso penal per se, sino que también pondrá en riesgo la integridad personal de los familiares víctimas en este caso”, dijo a EFE Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), que acompaña legalmente a las familias.

El caso de los niños de Las Malvinas

El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la FAE.

Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.

Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.

“Nosotros solo queremos que se haga justicia para esos niños, que no eran delincuentes, venían de familias humildes. El hecho de que sean de raza negra no los hace delincuentes. Eran futbolistas, chicos de hogar. Estamos aquí para hacer justicia por estos niños, nada más”, dijo a EFE Briana Chacón, pariente de uno de los menores que este jueves esperaba en los exteriores de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil.

Nuevas pericias en la investigación

Abraham Aguirre, otro de los abogados de las familias de los menores explicó a EFE que la audiencia no se instaló porque en los últimos días se han incorporado a la investigación del caso una serie de pericias que las partes no habían podido conocer.

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Entre ellas está una pericia sobre las víctimas y su entorno familiar y social, que cree que puede ser vital para desmontar la teoría de los militares sobre que detuvieron a los menores porque supuestamente estaban cometiendo un delito.

Pero también hay otras, dijo, en las que se analiza la vulneración de los derechos de los menores dentro del marco de un “conflicto armado interno”, como el declarado por Noboa en 2024 para combatir al crimen organizado.

Todas estos nuevos insumos, incluida la solicitud de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por la FAE, serán analizadas cuando la audiencia se instale, que será en agosto, en una fecha aún no determinada.

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Agencia EFE

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