“Evo Morales está viviendo la peor tormenta política de su vida que podría liquidarlo definitivamente”

El Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, confirmó el lunes que Morales, de 65 años, deberá declarar el jueves. Fue notificado el martes en su casa de Cochabamba.

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Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, ha negado las acusaciones de que él durante su Presidencia habría creado una red de adolescentes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición llamada “Generación Evo” y la denuncia de “violación” de una menor con la que habría tenido una hija.

“Me voy a defender legalmente (...) como me he defendido contra muchos presidentes”, afirmó Morales el martes en una conferencia de prensa en Cochabamba.

Morales calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en el 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”.

Acusó a Arce de promover los procesos penales en su contra con el fin de inhabilitarlo como candidato. Arce lo ha señalado de promover protestas sociales para forzar el recorte de su mandato.

El 23 de setiembre, Evo Morales encabezó la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, una caminata de 190 kilómetros que terminó en La Paz. El Gobierno calificó la protesta como un intento de golpe de Estado.

El 26 de setiembre fue presentada la denuncia contra Morales en la fiscalía de Tarija y días después de hizo pública.

El miércoles, el diario El Deber, basado en fuentes de la defensa de Morales, aseguró que el líder político asistirá a la citación fiscal.

Estas son las claves del caso:

El miércoles 2 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, sorprendió al país al denunciar que fue destituida por querer capturar a Evo Morales en un caso de “trata de personas”.

Gutiérrez aseguró que el fiscal general Lanchipa la despidió y no la dejó ingresar a su oficina el día en el que ejecutaría la orden de captura contra Morales. Agregó que la autoridad le manifestó que “ese caso no se toca”.

Mientras que Lilian Moreno, jueza de Santa Cruz que “desactivó” la orden de captura a Morales, denunció que “recibió presiones” para hacerlo y aseguró que el caso “no está cerrado”.

Si bien el caso por estupro (acceso carnal con menores de 14 a 18 años) fue archivado en el pasado, la fiscalía de Tarija volvió sobre el tema para investigar a Morales y a los padres de la supuesta víctima por trata y tráfico de personas.

En cuanto a la fiscal Gutiérrez, fue restituida en su cargo.

De acuerdo con la denuncia que se filtró a los medios, entre el 2014 y 2015, durante su presidencia, Morales creó una “guardia juvenil” formada por adolescentes de 14 y 15 años a la que nombró “Generación Evo”.

La fiscal Gutiérrez investigaba el caso de una menor que en el 2016, cuando tenía 15 años, supuestamente tuvo una hija con el entonces presidente Morales. Los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de prebendas, según las investigaciones preliminares de la fiscalía. Morales habría firmado como padre el acta de nacimiento de la bebé.

La víctima denunció la violación del expresidente cuando ella tenía 15 años y era parte de la “Generación Evo”.

La denuncia no es nueva pero hasta ahora no había prosperado por la presunta injerencia del poder político en la justicia, de acuerdo con organizaciones civiles y opositores al MAS.

El ministro de Gobierno de Bolivia,

Eduardo del Castillo, afirmó que tiene tres denuncias por “violación” que involucran a Evo Morales, y dijo que “no descarta que lleguen más”.

Ricardo Calla Ortega, analista político y exministro de Estado del presidente Carlos Mesa, dijo a El Comercio que lo que sucede en Bolivia es devastador para la carrera política de Evo Morales.

“La situación ha generado tal remezón para el prestigio personal de Evo Morales, que sin duda uno puede decir, sin mayor riesgo de equivocación, que está viviendo la peor tormenta política de su vida, una tormenta que podría liquidarlo definitivamente como actor político hacia adelante en Bolivia”, vaticinó Calla.

“El tema es sumamente grave para él porque el desprestigio que le está causando es enorme, ya que hay una ola de denuncias sobre estupro y abusos asexuales a menores de edad que se han desatado estos días en Bolivia. El escándalo es muy grande, el escándalo moral es devastador para Evo Morales y las consecuencias de sus acciones, de sus actos, van a ser sufridos por él muy gravemente, políticamente”, anotó Calla.

“El caso lo puede liquidar políticamente. También tiene consecuencias legales muy fuertes, incluso con riesgo de que termine en la cárcel”, siguió.

Calla consideró que el caso está documentado y es muy serio en términos legales para Morales.

“Durante varios años, por lo menos, una década, era un tema discutido en diversos círculos. Había informaciones, rumores, versiones de que el señor Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, tenía un comportamiento sexual depredador con respecto de menores de edad. Era una especie de secreto a voz callada que circulaba en las esferas del poder”, manifestó Calla.

El periodista boliviano Rafael Archondo recordó a El Comercio que la fiscal de Tarija que inició la investigación, Sandra Gutiérrez, fue ministra de Justicia del gobierno de Evo Morales entre los años 2014 y 2015.

“Sandra Gutiérrez es una persona importante porque desde hace bastante tiempo forma parte de la militancia del MAS. Entonces, al ser ella parte del Ministerio Público y haber sido nombrada, digamos, por las instancias del Poder Ejecutivo, indudablemente lo que ella está haciendo tiene un componente político, y además está orientado, obviamente, a perjudicar la imagen de Evo Morales, a desacreditarlo”, refirió Archondo.

“El Poder Judicial en Bolivia, al haber sido electo por voto popular, depende de las variables electorales y partidarias. Por lo tanto, el sistema judicial boliviano, y más ahora que está en un mandato extraordinario que ya no le corresponde legalmente, es un órgano dócil al Poder Ejecutivo. Entonces, eso nos ayuda a situar este asunto en un contexto específico en el cual Evo Morales tiene las de perder. Todos los factores que podrían definir o no su condena en los próximos meses en estas instancias le son adversos. Muy diferente a lo que sucedió el año 2020, cuando un caso similar, si no el mismo, fue desestimado por la justicia, cuando ya Luis Arce era presidente y todavía aliado de Evo”, recordó.

Archondo insistió en que el caso se reactivó en un contexto de división del partido gobernante y donde el futuro político de Luis Arce depende del fracaso de Evo Morales, y viceversa. “Este caso indudablemente tiene tintes políticos”.

El periodista también remarcó que los antecedentes de estupro y de utilización de los recursos del Estado para conseguir parejas ocasionales han estado presentes desde hace mucho tiempo en la vida de Evo Morales.

“Este no es el único caso, pero todos los anteriores naufragaron porque Evo Morales, al tener las riendas del Estado, conseguía que quien pudiera demandarlo finalmente fuera compensado o restituido a partir de un apoyo del gobierno. Es decir, otorgarle trabajo a los padres de las niñas, las niñas podían recibir algún tipo de beneficio. Morales tenía a su alcance todas las posibilidades gubernamentales para cubrir estos hechos. Ahora él ya no tiene esa posibilidad”, dijo.

Calla manifestó que podría haber intereses políticos de Arce que están removiendo la situación, “pero el caso no se reduce a una manipulación política y de la información”.

“Sin duda, este escándalo de depredación sexual e inconducta moral tiene fuertes implicaciones políticas. Eso no puede dejarse a un lado. Y seguramente hay intereses políticos de quienes quisieran ver hundido a Evo Morales, y por supuesto hay intereses políticos de Evo Morales para tratar de sobrevivir en este tema. Pero en términos muy generales, uno puede ya entrever que este caso es devastador para Evo Morales. Lo va a hundir políticamente porque su prestigio hoy en Bolivia está en los suelos. Toda la gente está horrorizada por la situación y está sintiendo un profundo desprecio por este personaje”, sostuvo Calla.