Ayotzinapa: ¿Qué revelan los miles de mensajes de texto que interceptó la DEA sobre la desaparición de los 43 estudiantes?

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años. Nueve años después, se conocen nuevas revelaciones que confirman la participación directa en el caso del crimen organizado en complicidad con policías y autoridades civiles y militares.

El diario estadounidense The New York Times tuvo acceso a unos 23.000 mensajes de texto inéditos que fueron interceptados por la DEA en el 2014, y a declaraciones de testigos y documentos de la investigación.

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Tras analizar el material, la conclusión a la que llega el NYT es que prácticamente todas las ramas de gobierno en el estado de Guerrero llevaban meses trabajando en secreto para el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del secuestro de los estudiantes. Así, este cártel de la droga tenía a su disposición toda la maquinaria del Estado no solo para traficar droga con total libertad, sino que le fue fácil interferir en la investigación y ocultamiento de este caso no resuelto.

De los mensajes se desprende que uno de los comandantes de la policía incluso persiguió a los rivales del grupo criminal por orden de Guereros Unidos.

También se confirma que el secuestro y muerte de los estudiantes se debió a un error de la organización criminal Guerreros Unidos.

El día de los hechos, los estudiantes que viajaban en autobuses fueron emboscados a tiros por la policía en la ciudad de Iguala.

Un total de 43 de jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos. Estos criminales creían que formaban parte de un cártel rival que les iba a disputar su territorio. Además, una investigación posterior a los hechos concluyó que en uno de los autobuses tomados por la fuerza había droga camuflada por ese cártel para ser trasladada hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Según el New York Times, la DEA interceptó los 23.000 mensajes en el 2014 mientras investigaba el tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Nunca compartieron con México los mensajes porque no confiaban en sus autoridades. Recién los entregaron el año pasado.

Los documentos consultados por el New York Times establecen que los militares sobornados por los narcos estaban monitoreando de cerca el secuestro de los estudiantes pero nunca acudieron a socorrerlos.

La nueva evidencia revelada permite saber ahora que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y a algunos se les mantuvo con vida durante días, con conocimiento de la policía y los militares.

Según el diario estadounidense, una declaración jurada de un socorrista que estaba en la nómina del cártel dice que recibió dos llamadas telefónicas la noche de los secuestros. En una de ellas uno de los comandantes de la policía le preguntó “a quién debía entregar los ‘paquetes’”, refiriéndose a los secuestrados, y en otra un asesino del cártel le preguntó quién le traía “los paquetes”.

Dicho socorrista tenía otro trabajo no oficial: reunir información para el cártel. Durante meses envió a un líder de Guerreros Unidos actualizaciones al minuto sobre todos los movimientos de las fuerzas del orden.

El medio informó también que según un miembro del cártel, algunos de los estudiantes fueron llevados a una casa, asesinados y descuartizados y posteriormente quemados en el crematorio propiedad de la familia de un forense, que también estaba en la nómina del cártel.

El integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.

Ese forense era el encargado de enviar al cártel fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes.

En los mensajes de texto interceptados por la DEA, los traficantes de droga y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.

También hablan con los funcionarios del gobierno mexicano comprados a través de sobornos, a quienes incluso insultan y amenazan.

“¿Quieres que ponga en orden a la prostituta de tu concejal, o lo matamos?”, le preguntó un miembro del cártel a un alcalde local.

El alcalde respondió: “Yo te lo traigo. Es un buen trabajador”.

Un teniente incluso armó a sicarios vinculados al cártel Guerreros Unidos y, según un testigo, ayudó a la policía a intentar ocultar su participación en el crimen de los estudiantes.

Mientras que un forense habló de recibir automóviles del cártel y declaró su lealtad a un líder de Guerreros Unidos en Chicago, llamándolo “mi jefe”. “Nunca te daré la espalda”. “Ustedes son como mi familia”.

¿Por qué el cártel Guerreros Unidos ejecutó a los 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no estaban involucrados en el crimen organizado?

El New York Times sostiene que en los meses previos al secuestro, de acuerdo con las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, pues estaba asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales narcos.

Entonces, cuando decenas de estudiantes llegaron a Iguala y tomaron los autobuses, que eran muy parecidos a los que el cártel usaba para contrabandear droga a Estados Unidos, los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacarlo.

Han pasado nueve años del crimen y hasta ahora nadie ha sido sentenciado. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de militares y policías en el secuestro, en particular las del poderoso ejército.

A principios de este mes, el Gobierno Mexicano informó que se han iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas involucradas en el caso, incluyendo a 32 miembros del cártel y a 49 policías municipales.

También se han presentado cargos contra al menos 14 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.