Luego de tres días de protestas callejeras, denuncias de fraude por parte de la oposición y una amplia condena internacional, Nicolás Maduro presentó la mañana del miércoles 31 de julio un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que solicitaba que se realice un peritaje a los resultados del último domingo.
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Que la sala “se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado -utilizando el proceso electoral- y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso”, dijo el líder chavista a su salida del TSJ.
Si bien no se conocen los detalles del texto presentado ante la Sala Electoral, el chavismo buscaría que el máximo tribunal de justicia del país cite a representantes de las instituciones, así como a los 10 candidatos -8 de los cuales han pedido más transparencia- y “coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje de altísimo nivel técnico, los resultados electorales del 28 de julio”, en palabras del propio Maduro.
“Los recursos contenciosos electorales son contra órganos electorales, no contra ciudadanos. En este caso debería aplicarse para quienes se vean afectados por actos del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero pareciera que el presidente va a impugnar actos o actuaciones que no son del CNE. Se trata de un recurso y una solicitud cautelar inadmisibles de acuerdo a la ley. El Estado y sus miembros tienen potestades para hacer cumplir las normas, no necesitan más que eso, los ciudadanos son los que necesitan a los tribunales para defenderse de esas actuaciones cuando afectan sus derechos”, explica a El Comercio la abogada venezolana y directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza.
“El amparo cautelar se ejerce contra violaciones de derechos humanos y el Estado -o quien actúe por él- es quien viola los derechos humanos, por eso no se entiende cómo un miembro del Estado va a solicitar un amparo si no es ciudadano y es más bien parte del Estado. El recurso habría sido más lógico si lo hubiese interpuesto el presidente del PSUV, no Maduro. Eso ya demuestra el abuso de autoridad”, agrega la experta. “Los órganos jurisdiccionales, cuando se trata de actuaciones del Poder Público, como en el caso del CNE, tienen la potestad de revisar sus actuaciones y de allí después de un proceso judicial tomar decisiones al respecto”.
No se conocen los detalles del texto presentado ante la Sala Electoral del TSJ, pero sus declaraciones hacen pensar que buscaría certificar su polémica victoria.
/ FEDERICO PARRA- Justicia bajo la lupa -
No solo la oposición sino también especialistas y organismos internacionales han denunciado en innumerables ocasiones que el sistema judicial venezolano responde a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro, una corrupción de este órgano que se habría originado desde los primeros años del chavismo pero que en todo caso se consolidó en el 2004, mediante la reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
En los últimos años esta influencia se ha visto reflejada en actos como el levantamiento de la inmunidad a los diputados que resultaban incómodos para el régimen, las órdenes de arresto para opositores a Maduro o la inhabilitación de María Corina Machado para impedirle participar del reciente proceso electoral.
“El Poder Judicial fue secuestrado desde el principio por el chavismo. Efectivamente en los años recientes está totalmente claro que el TSJ no tiene ninguna independencia, todo el Poder Judicial no tiene independencia. Ha sido cómplice en la represión, no ejerce el control judicial, cuando hay recursos contra el Estado siempre se declaran en contra de la persona y a favor del Estado. Lo dijo (Michelle) Bachelet en el 2020 y la misión de la ONU de determinación de hechos en su informe del 2021, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio fiscal de la Corte Penal Internacional en su escrito de noviembre del 2021″, comenta al respecto Louza.
Han pasado ya más de 72 horas desde que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció la victoria de Maduro adjudicándole el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González, pero aún no se han visto las actas electorales que certificarían dicho resultado. Maduro, por su parte, se ha limitado a anunciar que está “listo para presentar el 100% de las actas” sin detallar cuándo o cómo lo hará.
“El CNE ha incumplido con su deber de totalizar las actas dentro de las 48 horas siguientes, según el artículo 146 de la Ley de Procesos Electorales. Y aunque en este caso ha afirmado que no lo puede hacer y hay supuestos en la ley al respecto, lo propio no era proclamar al nuevo candidato como en cambio hizo. Primero se totaliza, luego se adjudica y luego se proclama, no se puede proclamar si no se ha totalizado. Así que la falta es del CNE y deberían de tomarse las acciones frente a esto. El CNE es el que debe responder y si no lo hace pues la Contraloría o el Ministerio Público deberían tomar las acciones pertinentes respecto de sus funcionarios”, detalla Louza.
El CNE proclamó a Maduro como ganador de las elecciones sin mostrar las actas electorales que lo certificaran.
- Se acaba la paciencia -
Uno de los temores que ha surgido luego del pedido de peritaje es que el TSJ pueda certificar un paquete de actas que no sean auténticas. Al respecto, el periodista venezolano especializado en elecciones, Eugenio G. Martínez, explicó a través de su cuenta en la red social X que resultará importante auditarse la autenticidad del código alfanumérico de cada acta y la firma digital de la misma.
#29Jul #actasreales ¿Cómo se deben verificar la autenticidad de las actas? Si el CNE muestra actas diferentes a las de la oposición: ¿Cómo puede la comunidad internacional saber cuáles son las verdaderas? Vamos con un hilo para ir definiendo el marco de esa discusión 🧵
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) July 31, 2024
El gobierno de Estados Unidos ha advertido que tanto a la comunidad internacional como a ellos “se les está agotando la paciencia a la hora de esperar que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados sobre las elecciones para que todos puedan ver los resultados”, señaló el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, durante una rueda de prensa.
Este pronunciamiento llegó horas después de que el Centro Carter, que envió a una de las dos únicas misiones de observadores autorizadas por Venezuela, advirtiera que el proceso “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática”.
“El Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declaradas por el Consejo Nacional Electoral”, expresó la organización estadounidense en su comunicado de poco más de una página. “El hecho de que la autoridad electoral no anuncie resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, aseguró.
La delegación de Naciones Unidas, la otra misión de observadores que participó del proceso, aún no se ha pronunciado sobre los resultados. Sin embargo, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, aseguró que Antonio Guterres “hace un llamado a la transparencia total y alienta la publicación oportuna de los resultados de las elecciones y un desglose por centros de votación”.
El Centro Carter señaló que la elección del domingo "no puede considerarse democrática" debido a las múltiples irregularidades que registraron.
“Las autoridades electorales deben llevar a cabo su labor de forma independiente y sin injerencias para garantizar la libre expresión de la voluntad del electorado”, agregó Dujarric.
“En un país normal, lo que dice la OEA, el Alto Comisionado de Derechos Humanos o el Centro Carter tendría un peso, una validez. Pero en Venezuela ya es tradicional que el gobierno no atienda lo que dice cualquier organismo internacional de derechos humanos, existe una tendencia a decir que todo lo que se dice de afuera es una injerencia y que acá se hace lo que se quiere, pero en realidad es lo que quieren quienes están en el poder. Sin embargo, sigue siendo muy importante que el Centro Carter lo diga porque no es lo mismo que lo diga yo o una ONG nacional a que lo diga un organismo internacional al que todo el mundo le va a creer”, explica Louza.
Al igual que la ONU, la Unión Europea, Perú, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros gobiernos, han pedido que las autoridades venezolanas publiquen las actas electorales para poder corroborar la supuesta victoria.
