Ahogándonos con Petro-Perú

En un espacio usualmente crítico como este, creo que es importante reconocer cuando nuestras autoridades enmiendan algunos de sus peores errores.

Esta semana, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, envió al Parlamento el proyecto de ley que propone un crédito suplementario –un aumento del presupuesto– por S/642 millones y no por S/1.300 millones, como había anunciado hace unas semanas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha explicado que los S/1.300 millones serán efectivamente transferidos para obras de los gobiernos locales y regionales, pero la diferencia provendrá de transferencias de recursos ya aprobados en el presupuesto para este año por parte de entidades del Poder Ejecutivo.

Es saludable que se evite un mayor incremento del presupuesto para este año y mejor aún es que se haya dejado de lado la intención de elevar el techo del déficit fiscal para este año. El titular del MEF ya había empezado a reducir el nuevo tope propuesto desde el 2,8% inicial, a 2,5%, y luego a 2,4% y, ahora, ha vuelto al objetivo inicial de cumplir el techo vigente de 2,2% del PBI para el déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado Peruano.

Estas dos decisiones apuntan a mejorar la credibilidad fiscal del país, pero lo que hacen con una mano lo borran con la irresponsabilidad que se muestra con respecto a Petro-Perú.

Lo que ha anunciado Pérez Reyes es una reestructuración financiera de la petrolera para pasar “a un régimen con garantía soberana que permita que Petro-Perú tenga buenas tasas de financiamiento y, a la vez, mejorar la estructura de los pagos a lo largo del tiempo”.

El presidente de la empresa estatal, Alejandro Narváez, ha preferido bautizar este plan en una entrevista con RPP como un “reperfilamiento de deuda”, es decir, una extensión de sus plazos para facilitar los pagos.

En todo caso, lo que se tiene que evitar como una plaga es que el gobierno decida otorgarle a las deudas de la petrolera una garantía soberana, pues ataría el destino de las finanzas públicas a los desbarajustes financieros de Petro-Perú, no solo del pasado y del presente, sino del futuro. En la práctica, el Perú le prometería oficialmente a sus acreedores que, si la empresa no cumple sus pagos, el dinero de todos los peruanos será usado para cubrir esas obligaciones.

Ejecutar este plan equivaldría a, en lugar de arrojarle un salvavidas a una persona que se está ahogando, tirarnos al mar y abrazarla para hundirnos juntos.