Una herramienta clave en riesgo

Este año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llevará a cabo los Censos Nacionales XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Este evento, más allá de ser un cumplimiento de la Ley 13248, que establece su realización cada diez años, responde a circunstancias excepcionales que han alterado significativamente la realidad demográfica y económica del Perú. La pandemia del COVID-19, los efectos del fenómeno de El Niño y la creciente migración internacional han transformado la estructura del país, haciendo imprescindible actualizar la información censal en el 2025, dos años antes del plazo correspondiente.

Un censo no es solo una actividad estadística; es una herramienta clave para el diseño y ejecución de políticas públicas. Los datos recolectados permiten identificar poblaciones vulnerables, asignar recursos con precisión, planificar servicios básicos, delinear polos de desarrollo económico y establecer proyecciones de población, no solo a nivel de Gobierno Central, sino también a escala regional, municipal e incluso de centros poblados. Además, el sector privado utiliza esta información para tomar decisiones estratégicas, desde inversiones hasta el diseño de productos y servicios.

Para las empresas encuestadoras, el censo es una herramienta indispensable para diseñar muestras representativas, elaborar proyecciones y calcular niveles socioeconómicos. Estos datos son fundamentales para estudios de mercado y opinión pública, que guían decisiones estratégicas en los sectores privado y público, desde la distribución de recursos hasta el diseño de estrategias de desarrollo.

El último censo, realizado en el 2017, enfrentó críticas tanto por su ejecución como por el contenido de las preguntas. Uno de los temas más debatidos fue la inclusión, por primera vez, de la pregunta sobre autodefinición étnica, que busca identificar cómo las personas se reconocen dentro de un grupo étnico. Esta pregunta, bien planteada, es clave para el desarrollo de políticas inclusivas que respeten la diversidad cultural del país.

Sin embargo, también representa un riesgo. Una formulación incorrecta de la pregunta o la alteración de sus alternativas de respuesta podría distorsionar las estadísticas, afectando tanto la calidad de la información como la visibilidad de las poblaciones vulnerables. Esto tendría implicaciones directas en las decisiones de política pública y privada. Por ejemplo, datos imprecisos podrían desalentar inversiones al aumentar los requisitos de consultas previas o sobrerrepresentar a ciertos grupos étnicos en espacios públicos, lo que afectaría la asignación de recursos y cuotas en sectores estratégicos.

Además, es necesario mantener preguntas y variables presentes en censos anteriores, ya que esto permite realizar comparaciones históricas y medir la evolución de indicadores claves. Solo se cambian las preguntas que pierden vigencia, como en algún momento podría haber sido la tenencia de videocasetera, o se agregan preguntas/alternativas con base en nuevos contextos, como la creación del SIS o el acceso a Internet.

El desafío principal para el INEI radica en garantizar que los aspectos técnicos del censo sean rigurosamente respetados, evitando distorsiones que puedan dar lugar a un uso político de los datos. En un contexto de creciente desconfianza en las instituciones, cualquier indicio de manipulación o sesgo no solo comprometería la utilidad del censo, sino que también erosionaría la credibilidad del INEI y la confianza pública en las estadísticas oficiales.

El éxito del censo del 2025 dependerá de una ejecución transparente y técnica, libre de cualquier influencia política. Para ello, es crucial formular las preguntas con rigurosidad técnica, colaborar con expertos y usuarios de la data, y hacer público el formulario para recibir retroalimentación constructiva. Además, se debe priorizar una comunicación efectiva con la ciudadanía, destacando la relevancia del censo y cómo sus resultados impactan en aspectos clave de su vida diaria. Solo así se podrá garantizar una participación amplia y reforzar la confianza tanto en el proceso como en las instituciones responsables.