Censurar a la Sunedu, Fernando Tuesta

Existen una serie de indicios que permiten pensar que, en el caso de la interpelación al ministro Benavides, más que un acto de control político estamos delante de una venganza. No se le está llevando ante el Congreso para responder por ningún acto relacionado con su desempeño como ministro de Estado, sino que todas las preguntas del pliego interpelatorio se refieren, directa o indirectamente, a decisiones tomadas por la Sunedu durante el tiempo en que fue su jefe.

Más en concreto, los cuestionamientos que plantea el congreso se centran en los licenciamientos otorgados por la Sunedu a dos universidades privadas: la Universidad Peruana Alemana (UPAL) y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Decisiones que no fueron tomadas por Benavides, sino por el Consejo Directivo, un colegiado de siete miembros en el que Benavides solo cuenta con un voto. Sin embargo, tanto Benavides como el actual jefe encargado de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, han dado explicaciones ante la Comisión de Educación del Congreso.

Dicha comisión, ha asumido el carácter de investigadora y ha solicitado a la Sunedu toda la documentación relacionada con estos licenciamientos, además de citar funcionarios y requerir información, sobre todo, del personal de la superintendencia que participó en la evaluación de dichas casas de estudio. No es la primera vez que el Congreso investiga a la Sunedu. De hecho, esta es la cuarta comisión investigadora que enfrenta en apenas seis años de existencia como institución. En este caso, sin embargo, el hecho de que haya una investigación en curso y que las explicaciones hayan sido dadas a nivel de comisión no ha detenido el deseo de interpelar a su exsuperintendente.

En realidad, la interpelación a Benavides no es sino la ojeriza contra el trabajo de la Sunedu, una entidad que está a punto de concluir con un proceso de licenciamiento que ha reducido el número de universidades autorizadas de 143 a 98 y que a la fecha ha dictaminado que 48 casas de estudios tengan que cesar de manera progresiva sus actividades académicas. Es decir, se ha tocado jugosos negocios. Por eso no llama la atención saber quiénes son los congresistas más críticos contra la reforma universitaria.

Es así, por ejemplo, que en la bancada de Unión por el Perú hay dos congresistas egresados de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, con licencia denegada por la Sunedu; mientras que Podemos Perú tiene un congresista egresado de la Universidad Particular de Chiclayo y dos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, además de José Luis Luna Morales, miembro de clan familiar vinculado con nada menos que tres casas de estudios denegadas: la Universidad Telesup, la Universidad de Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado. Aunque Podemos Perú ha anunciado el retiro de sus miembros de la Comisión de Educación, llama la atención que uno de los puestos que ha dejado lo haya cedido en favor del congresista Marco Antonio Pichilingüe, de Fuerza Popular, egresado de Telesup.

El objetivo, en este caso, no es Martín Benavides. Lo que buscan los enemigos de la reforma universitaria es un punto de apoyo para cuestionar todo lo actuado por la Sunedu en el proceso de licenciamiento, tener más asidero para intervenir la institución y justificar propuestas que ya han realizado anteriormente, como la de la creación de una segunda instancia ajena a la entidad que revise todas sus decisiones. O, incluso, volver a un modelo similar al de la extinta ANR, que sumió al sistema universitario en una mediocridad de la que recién está empezando a salir. La reforma universitaria es parte de una política de Estado. Los dolidos opositores no pueden demolerla.