¿Con qué agenda se gobierna?

El gobierno de José Jerí parece haber superado (al menos al cierre de esta columna) la intensa presión de la protesta social de la semana pasada. Si bien hay una marcha convocada para el sábado 25, esta tendrá que sortear, primero, el estado de emergencia impuesto por el Ejecutivo la noche del martes 21.

En cualquier caso, aun si dicha marcha llegara a realizarse, seguramente sus reclamos se terminen diluyendo junto con otras agendas, como la que plantean, por ejemplo, los mineros en proceso de formalización, afincados hace varios días cerca del Parlamento.

Mientras ello ocurre en el frente social, la arena parlamentaria debería continuar siendo propicia para el Ejecutivo liderado por Jerí. Aunque queda pendiente saber si el Gabinete encabezado por Ernesto Álvarez obtendrá el voto de confianza, es altamente probable que no experimente mayores contratiempos, sobre todo si sirve de algo la proyección de la votación que se tuvo para la censura a la Mesa Directiva.

A todo esto, debe agregarse la aparente cohesión que exhibe el elenco ministerial. Si bien en medio de la protesta se rumorearon hasta cuatro renuncias, lo cierto es que pasaron las horas y ninguna se materializó.

En consecuencia, las presiones deberían provenir de la demanda ciudadana por soluciones tangibles, que, seguramente, se trasladen, con el correr de los meses, a los aspirantes al sillón presidencial.

En el anuncio del martes, Jerí fue escueto. Sin embargo, hubo algunas precisiones antes inexistentes. No obstante, será difícil mostrar resultados en el corto plazo.

Algo similar ocurre en el frente económico. El principal desafío de la ministra Denisse Miralles en el MEF será contener a un Congreso que parece haber tomado un segundo aire. El desenlace lo veremos el mes próximo, cuando culmine la aprobación del presupuesto público.

Lo cierto es que, de alguna manera, debería revertirse (o al menos contenerse) el tóxico impacto generado por actual Parlamento.

De hecho, el Consejo Fiscal acaba de llamar la atención sobre 229 leyes con “impacto fiscal adverso” aprobadas por el Congreso 2021-2026 (CF, 21/10/2025).

Como referente, entre el 2016 y el 2021 (en que el país tuvo dos parlamentos: el disuelto 2016-2019 y el complementario 2020-2021), hubo 70 leyes similares. Tan solo como apunte, debe recordarse que fue el Congreso complementario el que inició la dinámica de ignorar sistemáticamente las opiniones de los entes técnicos.

Estamos, pues, ante un gobierno que termina de estabilizarse, pero que deberá enfrentar serias presiones. Está por verse si el Ejecutivo buscará contentar al Parlamento, sobre el cual su destino reposa, o si opta por marcar una agenda de mayor autonomía.