Constitucionalitis

Parece que de un momento a otro la especialidad recurrente de los más prominentes miembros del Ejecutivo es el derecho constitucional, pues invocan a la Constitución para todo, hasta para defender al ministro preferido del régimen: Juan José Santiváñez, flamante titular de la cartera de Justicia.

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, hizo un pronunciamiento con el Gabinete en pleno, rechazando el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, en el marco de la operación Ícaro, presunta trama de corrupción que tiene precisamente a Juan José Santiváñez como “hombre clave” de una supuesta red criminal montada cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior.

En el pronunciamiento de siete puntos, hemos contado seis menciones a la palabra ‘Constitución’ en sus diferentes variantes.

“A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta de la República –y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos–, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución”.

El Ejecutivo se pronunció en defensa de Nicanor Boluarte, cuando queda claro que más parecía una jugada de carambola para proteger a Santiváñez, sindicado por la fiscalía como “hombre clave”, mientras que Boluarte Zegarra no solo no figura en el organigrama del Ministerio Público, sino que ni siquiera está investigado ni involucrado.

Arana, como no podía ser de otra manera, invoca la resolución del Tribunal Constitucional sobre el artículo 117 de la Carta Magna que precisa cómo y por qué se puede investigar a un presidente en ejercicio.

“Luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones, que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias”.

Lo que más llama la atención es que sea “el Ejecutivo en pleno” el que “rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno y en contra de la Constitución, la democracia, el Estado de derecho y de la institucionalidad, situación que, como peruanos, no debemos permitir”.

Santiváñez tiene la obligación de responder sobre las graves imputaciones que lo acusan de haberse beneficiado indebidamente de su cargo de ministro del Interior y de cómo termina involucrado en esta trama Nicanor Boluarte, a quien, según la fiscalía, le consiguió un trabajo en la mina El Dorado con el fin de facilitarle el “arraigo laboral”, tan necesario en los procesos judiciales.

Más allá de la innegable carga política de algunas decisiones y acciones del Ministerio Público, sería bueno que el Ejecutivo deje de aludir a la Constitución para todo. La Carta Magna debe ser el primer y último refugio de la democracia. No la manoseen en defensa de intereses particulares.