El traje de la emperadora

“Somos un gobierno que da la cara, que trabaja sin cesar por y para todos los peruanos”, sostuvo la presidenta Dina Boluarte el sábado último durante la inauguración de la nueva farmacia del Fondo de Bienestar Policial (Fonbiepol), ubicada dentro del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, en Jesús María.

Si bien desde este espacio siempre celebraremos la apertura de nuevos servicios que puedan mejorar el acceso a medicamentos, la frase de la mandataria salta a la vista por su tremenda ironía. Solo en ese mismo evento, un policía en retiro fue impedido de ingresar para expresarle a la mandataria su preocupación por las deplorables condiciones en las que se encuentra dicho hospital. “Los baños están con heces, todo es una pestilencia. El segundo piso es un basurero, no hay limpieza. Las escaleras están llenas de basura”, denunció a una radio local, cuyos fotógrafos constataron la información.

Días antes, Boluarte prefirió no dar la cara frente al contundente paro de transportistas formales acorralados por mafias de extorsión. La ciudad de Lima estaba paralizada y la presidenta brillaba por su ausencia. Lo mismo sucedió ante la terrible ola de incendios forestales que han dejado más de 20 muertos y afectado a 20 regiones del país. Estos hechos, para el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, son “incendios naturales que forman parte de un proceso estacionario”. Pese a los pedidos de las regiones, de la Defensoría del Pueblo y de algunos congresistas, Adrianzén rechazó que hubiera razones críticas para declarar el estado de emergencia, porque “yo no acepto aquello de tremendo ni terrible”. Debieron pasar casi dos semanas para que paulatinamente fuera cambiando de opinión.

Luego de que el Congreso promulgó la Ley 32108 que beneficia al crimen organizado y que el Ejecutivo optó por no observar, las mafias han empezado a exigir cupos hasta a las madres de un comedor popular. El crimen está afectando a todos por igual. Pero para el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, el Perú es uno de los países más seguros del continente después de El Salvador.

¿Cómo explicar que nuestras autoridades tengan una mirada tan alejada de situaciones cuya gravedad es incuestionable para el resto de peruanos? ¿Es que su afán por preservar su endeble poder los lleva a ser abiertamente caraduras? ¿O es que tenemos frente a nosotros un problema de autoengaño y desconexión de la realidad?

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”. Esta definición claramente colisiona con las decisiones que asume el gobierno actual y con el impacto que tienen en la vida de los peruanos de a pie. El divorcio que muestran con la realidad quienes tienen a su cargo las riendas políticas del país resulta sumamente preocupante.

Prueba de ello son los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en la que solo el 5% de la población aprueba al Congreso de la República y a la presidenta Boluarte. Ella dice dar la cara, pero mantiene su poca disposición a darle espacio a la prensa para la fiscalización que su cargo demanda. La emperadora, ni lo es ni lleva el traje que cree. Mientras no sea consciente de eso, la institucionalidad del país seguirá degradándose y la delincuencia continuará ganando terreno.