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La presidenta Dina Boluarte no tiene mejor idea para encarar la delincuencia que enfrentar a las instituciones encargadas de la seguridad. “Llamamos al Ministerio Público: no suelten a ladrones que la policía les entrega, no los liberen, señores del Poder Judicial”, ha dicho.
En su visión de las cosas, hay los malos y los buenos. Los buenos son los policías; los malos, todos los demás. La policía actúa bajo el mando político del Gobierno. El Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos, el Gobierno no los puede manejar.
No se equivoca, por supuesto, en denunciar a fiscales o jueces que incumplen su función. Es curioso, por decir lo menos, que no incluya en eso a los malos policías, que también hay.
Dos policías de la comisaría de Puente Piedra fueron detenidos por ser parte de la banda Los Temibles de Ancón. Están involucrados en asesinatos, tráfico de terrenos y extorsión.
Cuatro policías de la brigada especial contra la criminalidad de Lima norte también fueron intervenidos. Realizaban operativos falsos y sembraban droga para extorsionar.
Dos agentes de la PNP trabajaban para el delincuente conocido como el ‘Monstruo’, en Lima norte. Entre el 2018 y el 2023 fueron retirados por faltas muy graves 23.824 policías. Según la contraloría, en Lima Metropolitana la PNP ocupa el primer lugar en el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (Infobae, 31/10/2024).
No se trata de dañar la imagen de la institución policial. De lo que se trata es de reconocer que la corrupción está en todos lados.
Solo un diagnóstico certero nos permitirá encontrar soluciones. El problema de la criminalidad tiene que ver, por supuesto, con el de la corrupción. Lamentablemente, no podemos partir de la ilusión de que hay instituciones impolutas.
La policía carece de medios, así como la fiscalía. La presidenta debe hacerse cargo de su responsabilidad. La ayuda, por ejemplo, a Petro-Perú ha tomado recursos que debieron usarse en cubrir el déficit de personal y logística de las instituciones encargadas de combatir el crimen.
La presidenta no es una comentarista política. Debe ser jefa del Estado; es decir, tiene que comandar, articular y disponer de los recursos para que haya una sola línea de acción entre policías, fiscales y jueces. Si eso no funciona como debería funcionar, es por falta de liderazgo.
La presidenta no es presidenta para quejarse. Es presidenta para arreglar, encaminar, disponer y resolver. Enredada como está en evadir las preguntas sobre su desplazamiento en el ‘cofre’ presidencial, descuida por completo su tarea principal.
La presidenta del Perú debe comandar la lucha contra el crimen. Para eso, sin embargo, no puede parcializarse por sus intereses políticos personales.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es Periodista
