Estado de derecho ja, ja, ja

El Estado de derecho es un principio de gobernanza de la democracia que establece que todas las personas son iguales ante la ley y, por ello, nadie puede estar por encima de la ley. ¿Existe en el Perú igualdad ante la ley? ¿Y qué me dice de seguridad jurídica, respeto al derecho de propiedad y los contratos? ¿Cuánto confía en el Estado Peruano y sus instituciones? ¿Vivimos realmente en un Estado de derecho?

En “Violencia y órdenes sociales”, North, Wallis y Weingast sostienen que la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que en el primero existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en el segundo este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones de poder. En los países desarrollados no importa quién seas, todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos derechos, existe igualdad ante la ley, seguridad jurídica y confianza. En los países en desarrollo, como el Perú, el crecimiento económico está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas.

En nuestro país, una gran mayoría de personas opera en la informalidad, es decir, fuera de la ley. Sin derechos de propiedad ni protección alguna del Estado y sin la posibilidad de hacer valer sus derechos. Como la informalidad es sinónimo de extralegalidad y exclusión, se genera mayor tolerancia a la corrupción. La informalidad además implica que parte de los insumos que se utilizan en las actividades son obtenidos en el mercado ilegal.

En el sector informal, la corrupción de las autoridades y el uso de la violencia son mecanismos válidos para mantener privilegios. Un ejemplo es lo que ocurre con las mafias de transportistas, quienes bloquean carreteras para impedir, por ejemplo, el aumento del ISC de los combustibles, un peaje o la reforma del transporte que les impediría seguir operando rutas y poniendo en peligro la vida de los peruanos. Recordemos cómo el exministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, acordó con los transportistas extender las autorizaciones a las combis y coasters por 10 años más y entregar las cabezas de las entidades fiscalizadoras: la ATU y la Sutrán. Y les ofreció, además, la condonación de los S/53 millones en papeletas que los transportistas le deben al Estado.

Otro ejemplo es lo que ha ocurrido en Machu Picchu en los últimos días. El Gobierno decidió implementar un nuevo sistema de venta de boletos para ingresar a Machu Picchu a través de una plataforma privada, ya que el sistema actual no solo era precario y poco eficiente, sino que además era poco transparente. De hecho, este sistema permitió la formación de una mafia de vendedores de tickets en el mercado negro que, como explicó el Ministerio de Cultura, se habría apoderado de más de S/8 millones producto de las ventas. Y es precisamente esta mafia la que organizó la paralización de Machu Picchu, ya que la implementación de la venta de tickets en una plataforma virtual, segura y transparente les iba a quitar la posibilidad de seguir desapareciendo dinero.

El paro se levantó siete días después tras la firma de un acuerdo con el Gobierno, que, entre otras cosas, estableció acortar el plazo del contrato con la plataforma privada para la venta de tickets, crear una plataforma de venta que dependerá de la PCM y se ratificaba el derecho de venta de hasta 1.000 tickets diarios en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, con sede en Machu Picchu Pueblo. En estricto, lo que ha hecho el Gobierno Peruano es ceder a la presión de una mafia, que ha capturado una renta del Estado (la venta de tickets de ingreso a Machu Picchu), continuando de esta manera la práctica perversa de utilizar la violencia para que cualquiera se salga con la suya, en perjuicio de todos los demás peruanos.

No debería extrañarnos, entonces, que solo el 8% de peruanos esté satisfecho con la democracia que existe en el país y que el 86% crea que se gobierna para unos cuantos grupos de poder.