Expresidentes sentenciados

Hace dos semanas coincidieron las lecturas de las condenas en primera instancia a los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Como es sabido, y lo comentábamos la semana pasada, llama poderosamente la atención cómo estos dos se suman a la lista de expresidentes que han sido sentenciados en los últimos años: Alberto Fujimori, sentenciado desde el 2007; Alejandro Toledo desde el 2024, y Ollanta Humala desde el 2025. A esta lista habría que sumar a Pedro Pablo Kuczynski, quien está actualmente impedido de salir del país, en un contexto en el que el Poder Judicial ya ordenó el inicio de su juicio. Cabe aclarar que Castillo fue sentenciado por el intento de golpe de Estado del 2022, lo que obliga a hacer algunos matices al análisis que sigue.

Comentaba la semana pasada que, desde un punto de vista un tanto cínico, podría considerarse a nuestro país como un caso virtuoso: si asumimos que nuestros presidentes han sido muy corruptos, el Perú destacaría por contar con una justicia eficaz, capaz de sentenciar a las máximas autoridades del Estado. Por el contrario, desde una postura más ‘benigna’, lo que llamaría la atención es la instrumentalización del sistema de justicia como parte de una dinámica de enfrentamiento político exacerbado y fratricida, de la que las reiteradas vacancias presidenciales y renuncias forzadas (Kuczynski, Vizcarra, Merino, Castillo, Boluarte) serían parte del mismo proceso.

Mirado nuestro país en el ámbito regional, no podría decirse que exista correspondencia entre niveles de corrupción y número de presidentes sentenciados por corrupción. Según el último informe del World Justice Project, en el índice de “ausencia de corrupción”, el Perú aparece en el puesto 119 de 143 países, por encima de Honduras, Nicaragua, Paraguay, México, Venezuela y Bolivia. Según el último índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, el Perú aparece en el puesto 127 de 180 países, por encima de El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Un caso llamativo es el de Guatemala, donde sí convergen altos niveles de corrupción y muchas condenas: los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez (2012-2015) han tenido sentencias por diversos delitos de corrupción. Buena parte de la explicación reside en el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en operación entre el 2007 y 2019.

En el caso peruano, la anomalía de tantos presidentes sentenciados responde, a mi juicio, a la confluencia de varios factores: primero, el debilitamiento extremo de los partidos políticos una vez que dejan el poder. A diferencia de otros países, donde los partidos no resultan tan volátiles, los expresidentes cuentan con bancadas e influencias que hacen más difícil que prosperen investigaciones y acusaciones en su contra. Segundo, el creciente nivel de confrontación en la política peruana: a los adversarios políticos se les busca satanizar, vacar, inhabilitar, procesar y encarcelar. Tercero, en este contexto, llegaron las revelaciones del Caso Lava Jato desde Brasil, que dieron pistas que fueron aprovechadas por diferentes actores políticos para desprestigiar a sus adversarios; y cuarto, las denuncias e investigaciones pudieron prosperar porque, como consecuencia de los escándalos de corrupción de los años noventa, pudieron desarrollarse a lo largo de los años algunas islas de independencia y activismo dentro del sistema de justicia, que, con sus aciertos y errores, explican la situación presente.