Gestionar la educación con responsabilidad y visión

Desde el primer día, nuestra gestión en el Ministerio de Educación ha estado orientada a reenfocar el sistema educativo hacia su razón de ser: el estudiante. Esta es una decisión de política educativa destinada a recuperar el sentido esencial de la educación como herramienta de desarrollo personal y social.

Reorientar el sector ha implicado ordenar prioridades, revisar prácticas heredadas y tomar decisiones en un contexto complejo, marcado por restricciones presupuestales y demandas sociales legítimas. En ese marco se inscribe la situación actual del Pronabec, y particularmente de Beca 18, una de las principales herramientas de inclusión educativa con las que cuenta el país.

La reducción del presupuesto asignado para el 2026 ha generado preocupación entre estudiantes, exbecarios y la comunidad educativa. Es una inquietud comprensible. El presupuesto aprobado está muy por debajo de lo inicialmente solicitado y nos obliga a tomar decisiones difíciles. El desafío es grande y nos demanda gestionar con mayor eficiencia, priorizar y no generar falsas expectativas. Nuestro deber es ser claros, responsables y coherentes con el objetivo central de la política educativa: ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan.

En ese contexto, reafirmamos nuestro compromiso con Beca 18 y con el fortalecimiento del Pronabec. Más que centrarnos únicamente en la cantidad de becas, debemos garantizar su calidad, sostenibilidad e impacto real en la vida de los jóvenes. Una beca no puede ser solo un número en una estadística. Debe asegurar condiciones adecuadas de permanencia, acompañamiento académico y culminación exitosa de los estudios. Por ello, el diálogo con becarios y exbecarios, así como la coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas, forman parte de un esfuerzo serio por evaluar alternativas responsables que permitan sostener el programa sin desvirtuar su esencia.

Este trabajo no se realiza de manera aislada. Forma parte de una visión de gobierno que entiende la educación como una política de Estado, bajo la conducción del presidente José Jerí, con quien compartimos la convicción de que el país se construye fortaleciendo a sus estudiantes y no improvisando soluciones de corto plazo.

En paralelo, el Ministerio de Educación ha suscrito convenios con empresas privadas para fortalecer las capacidades de estudiantes y docentes con énfasis en la empleabilidad, aprendizaje, mediación científica, cuidado del ambiente e inclusión digital. Estas alianzas estratégicas que respaldan los esfuerzos del Estado contribuyen a reducir brechas estructurales y a generar mejores condiciones para una educación integral, pertinente y segura.

De manera complementaria, hemos avanzado en otros frentes igualmente urgentes. Reducir brechas de infraestructura educativa, mejorar las condiciones de trabajo de los maestros, garantizar la distribución oportuna de materiales pedagógicos y acompañar a las comunidades educativas en todo el territorio nacional han sido parte de un trabajo sostenido que resulta indispensable para asegurar condiciones mínimas de aprendizaje. La escuela debe ser un espacio digno, seguro y estimulante, no un reflejo de las desigualdades que buscamos superar.

La reorientación del sector también ha significado fortalecer el diálogo. Escuchar a docentes y estudiantes, y coordinar con autoridades regionales y locales ha sido clave para comprender que la educación no se gestiona solo desde Lima ni desde los despachos, sino desde realidades diversas que exigen respuestas diferenciadas y oportunas.

Creemos firmemente que educar es formar personas con valores, pensamiento crítico y compromiso con el país. Siempre he hablado y hablaré con la verdad, y así será mientras esté al frente del sector. Ese ha sido y seguirá siendo el norte de nuestra gestión. Un país que pone al estudiante en el centro no evade las crisis: las enfrenta con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.