La escalada entre Estados Unidos e Irán es una jaula en la que ambos se han encerrado a propósito, apelando a exigencias que son incompatibles. El presidente Donald Trump ha fijado tres condiciones inamovibles para cualquier acuerdo: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos de largo alcance y el fin absoluto del financiamiento a milicias regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes. El ayatolá Ali Jamenei, quien tiene la última palabra en Teherán, solo está dispuesto a discutir el primer punto. Los otros dos representan pilares estratégicos del régimen, cuya posición oficial es no negociar concesiones “imposibles” fuera del ámbito nuclear.
La Casa Blanca, presionada por Israel y una Arabia Saudita cada vez menos cautelosa, se niega rotundamente a dejar de lado los misiles y las milicias. Yemen, Siria y Líbano —los más afectados por el aventurismo iraní— también empujan en esa dirección. Solo Turquía propone una negociación gradual: cerrar primero el capítulo nuclear y negociar después los otros asuntos. A los turcos les aterra un conflicto que les envíe millones de refugiados a través de su larga frontera con Irán y reactive tensiones kurdas en sus provincias orientales. Pero este pragmatismo choca con la rigidez de ambos líderes octogenarios y con la presión interna en Irán.
El despliegue del portaaviones Abraham Lincoln y el refuerzo naval estadounidense en el Golfo Pérsico sugieren que Washington no ha movilizado semejante armada para negociar concesiones simbólicas. Trump acaba de enviar más buques cisterna, destructores y baterías de defensa aérea, lo que ha permitido que Israel y Arabia Saudita adopten una postura agresiva al sentirse mejor protegidos. Generales israelíes ya han viajado a Washington para coordinar posibles objetivos.
La inclusión de los misiles y de las milicias —sabidamente inaceptables para Teherán— podría formar parte de una estrategia destinada a provocar el rechazo iraní, justificar una intervención militar y así resolver un conflicto de medio siglo. Si comienzan a caer las bombas, los blancos probables serían instalaciones de la Guardia Revolucionaria, centros nucleares, infraestructura petrolera clave e incluso la cúpula del régimen.
El dilema no es la intervención —que parece cada vez más probable—, sino lo que vendría después. Pueden imaginarse cuatro escenarios. El primero sería un acomodamiento forzado al estilo Venezuela: ante el riesgo de aniquilamiento, el régimen aceptaría las condiciones preservando la estructura teocrática. Pero esto dejaría profundamente insatisfechos a Israel, a los saudíes, a los aliados y lobistas de Trump en Washington y a una población iraní que en su mayoría detesta el sistema.
El segundo implicaría la caída del núcleo clerical —Jamenei, el Consejo de Guardianes y la cúpula de la Guardia Revolucionaria—, pero la supervivencia de las instituciones civiles bajo el presidente Masoud Pezeshkian, visto como pragmático. Parte de la Guardia Revolucionaria podría romper filas y aliarse con él. Sin embargo, también es posible que esa misma entidad, junto a los Basij —su cuerpo paramilitar de choque—, imponga una dictadura militar. Tal arreglo difícilmente sería sostenible y podría terminar en el cuarto escenario.
El tercero, y quizás el más deseado, sería el colapso total del régimen y la instalación de un gobierno interino respaldado por las fuerzas armadas regulares y encabezado por Reza Pahlavi, hijo del último Sha y única figura visible de la oposición, exiliado en Washington. Este ha propuesto presidir un breve período de transición seguido de un referéndum para elegir entre una república parlamentaria o una monarquía constitucional. Su popularidad ha crecido brutalmente durante las protestas.
El cuarto escenario sería el colapso de la sociedad y la fragmentación del país. Irán es un mosaico étnico y político: kurdos, baluchis y árabes —y en menor medida los azeríes— mantienen agravios históricos contra la mayoría persa; sin mencionar la amplia presencia de fanáticos religiosos que se odian con las facciones seculares y monarquistas, capaces de quebrar al país en bandos hostiles y armados hasta los dientes. Una intervención desordenada podría desencadenar una guerra civil en un país de más de 90 millones de habitantes, con repercusiones regionales devastadoras.
Mientras tanto, el régimen enfrenta la crisis interna más profunda en sus 47 años de vida siniestra. El contrato social se terminó de quebrar tras la guerra del año pasado contra Israel: el Estado no solo ha dejado de proveer bienestar, sino que demostró su incapacidad para proteger a sus ciudadanos, e incluso a sus propios comandantes e infraestructura nuclear. En respuesta a las protestas, recurrió a una represión brutal. Reportes de francotiradores disparando contra las masas, morgues colapsadas y milicias en motos atacando manifestantes han circulado pese a los intentos de censura. Se estiman entre 15,000 y 30,000 muertos en las últimas oleadas de represión, una escalada dramática respecto a las protestas de 2022.
El régimen, que no tiene nada que ofrecer a la población, se refugia en su fanatismo religioso, se baña en sangre y adopta la misma lógica que Assad en Siria: “si nos vamos, quemamos todo”. Las protestas, antes conformadas por la clase media urbana, ahora incluyen también a obreros y agricultores, antiguos pilares del sistema, muchos de los cuales ahora apoyan a Pahlavi. Con una inflación del 50% anual, la economía en caída libre y una corrupción rampante, los sectores populares ya no resisten. Manifestantes se han atrevido a quemar imágenes de Jamenei, Coranes y mezquitas enteras, antes algo impensable. Esta represión sangrienta es un reflejo de debilidad y es difícilmente sostenible.
La comparación con el final del Sha es inevitable: una economía corroída por la inflación y la corrupción, un líder anciano desconectado y un aparato de seguridad detestado. Como advertía Maquiavelo, un príncipe debe hacerse temer, pero nunca llegar al punto en que se hace odiar. El régimen de Jamenei ya cruzó de lejos esa línea.
Entre la intransigencia de Washington, la obstinación de Teherán, la presión regional y la ira popular, el choque parece inevitable. La pregunta no es si habrá un desenlace abrupto, sino qué tipo de orden —o de caos— saldrá después.
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