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El juicio del dinero, por Fernando Tuesta Soldevilla

“Los partidos políticos están incapacitados de proveerse de recursos propios. Sus militantes no aportan y carecen, salvo excepciones, de bienes propios que puedan ser gestionados”.

Fernando Tuesta Soldevilla Profesor de Ciencia Política de la PUCP

Congreso

“En la última campaña electoral del 2016, el gasto de todos los partidos se elevó a poco más de S/66 millones”.

¿Cómo van a hacer los candidatos para generar fondos y enfrentar la campaña del 2021? Hago esta pregunta porque gran parte de la discusión sobre el tema se centra en el origen ilícito de las campañas y en las formas ilegales que los partidos desarrollaron para solventarlas. De allí que, ante este creciente malestar, se formulen propuestas que tienen como núcleo central limitaciones, prohibiciones, sanciones, así como exigencias de transparencia y control de las finanzas de los partidos.

Gran parte de estas medidas están bien encaminadas, pero el hecho es que mientras los costos de las campañas sigan creciendo y los partidos y candidatos carezcan de los ingresos suficientes para cubrirlos, siempre estará la puerta abierta para la incursión del dinero sucio o el legal, que someten a los políticos. Los partidos políticos están incapacitados de proveerse de recursos propios. Sus militantes no aportan y carecen, salvo excepciones, de bienes propios que puedan ser gestionados. Solo les queda recibir aportes de terceros, sea de fuente pública o privada.

Sin embargo, para regular es necesario tomar en cuenta en dónde se gasta. Aquí es donde aparece otro problema. Alrededor del 75% de los gastos de una campaña se invierte en medios de comunicación, especialmente en televisión. No está incorporado en este gasto la franja electoral que está cubierta por el Estado. Es elevado, pero eso sucede aquí como en cualquier otro país. El otro 25% se invierte en manifestaciones, viajes, consultorías, propaganda visual, redes sociales, etc. Así, por ejemplo, en la última campaña electoral del 2016, el gasto de todos los partidos se elevó a poco más de S/66 millones.

Pero, en la medida en que el financiamiento público directo, que funciona desde el 2017, está destinado única y exclusivamente para gastos ordinarios y de capacitación y no se puede usar para cubrir una campaña electoral, obliga a los partidos a solventar sus gastos con aportes de origen privado, sean personas, empresas u otro tipo de asociaciones. Pero si a eso se agrega la extrema debilidad de los partidos políticos, se juntan el hambre y la necesidad. En esa dinámica, los partidos están en peores condiciones de negociación, pues tienen al frente a quienes ostentan el dinero necesario para las campañas, desde empresas hasta los portadores del dinero mal habido.

En consecuencia, la vulnerabilidad de los partidos frente al dinero es alta. ¿Qué hacen los partidos y candidatos? Ante la necesidad, se someten. Reciben dinero, no reportan o lo ingresan sin señalar la fuente, lo fraccionan, para que no superen los topes de la ley, hacen aparecer a terceros como aportantes y contratan a contadores y abogados que hacen pasar los informes a los organismos electorales que, más allá de la calidad de la supervisión, carecen de normas adecuadas para sancionar a los infractores y recursos suficientes para llevar adelante tan importante tarea.

¿En el 2021 esto cambiará? En algo. Un avance será aprobar la segunda pregunta del referéndum que prohíbe la contratación, más allá de la franja electoral, de tiempo en medios de comunicación. Con esto se reduce drásticamente ese 75% de gasto antes señalado. El resto debe ser cubierto con fondos públicos que, si bien no gusta, es la mejor manera de evitar que el privado siga sometiendo a la política. Recién aquí cobrarán sentido las demás normas limitativas, prohibitivas y punitivas. A ello se debe sumar un reajuste normativo para evitar la permanencia de los partidos cascarones, cuyo beneficio nace de mercantilizar las campañas, fungiendo de vientres de alquiler. Es quizá la mejor manera de disminuir el desfile de los políticos en el banquillo de los acusados.

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