La Costa Verde

Estamos cerca de terminar la temporada estival y, como sucede cada año, la Costa Verde de Lima y Callao no ha estado exenta de polémica. Si bien las denuncias son diversas, abarcando temas relacionados con concesiones y proyectos, accesibilidad y accesos, mantenimiento y gestión de residuos, así como delitos perpetrados a los veraneantes, la raíz del problema es la misma: un diseño institucional fragmentado, carente de una autoridad efectiva, autonomía real y recursos suficientes para una gestión integral.

La Costa Verde como hoy la conocemos es producto de la visión urbanística del arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca, quien propuso crear una vía rápida en colindancia con el mar aprovechando las toneladas de tierra extraídas para la construcción de la Vía Expresa Paseo de la República. Antes solo en el distrito de Chorrillos había playas amplias y de arena, mientras que en Miraflores y Barranco las playas eran estrechas y empedradas.

Conforme fue tomando forma la vía y el espacio adyacente, se iniciaron las discusiones sobre cuál sería la mejor forma de administrarlo. En 1980, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde, se instaló la primera comisión de alto nivel para definir el proyecto Costa Verde. En 1995, se aprobó el plan maestro, y se decidió que los terrenos ganados al mar se entregasen en propiedad a los distritos colindantes. La Vía Expresa quedó en manos de Lima Metropolitana (MML). Ese mismo año, se crea la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), que fue concebida como un ente técnico de planificación y regulación, pero al que no se le otorgó capacidad ejecutiva directa.

La consecuencia de estas decisiones es una gobernanza altamente fragmentada. La APCV, llamada a conducir integralmente el territorio, carece de las herramientas políticas, administrativas y presupuestales necesarias, mientras que los municipios distritales, titulares y administradores de los espacios dependen de una entidad tutelar para validar cualquier intervención relevante. En tanto, la MML, a través de Emape, concentra su accionar en la Vía Expresa, y si bien ha construido cierta infraestructura para el uso de las personas, esta luce abandonada porque no está dentro de sus funciones centrales administrarla.

A ello se suma que en 30 años no se ha podido aprobar un nuevo plan maestro. Si bien se han elaborado al menos tres propuestas de actualización, ninguna de ellas ha prosperado. En consecuencia, las normas que regulan los usos de suelo y las edificaciones responden a una realidad urbana, ambiental y social desfasada, limitando desarrollos contemporáneos integrados al paisaje, y habilitando otros que resultan claramente inadecuados. El polémico centro comercial que se pretende construir en la playa Las Sombrillas de Barranco es una clara muestra de esta situación: técnicamente permitido por la norma del 95, pero claramente incompatible con las dinámicas actuales del espacio.

¿Cómo podría cambiar esta situación? La Costa Verde necesita ser administrada por una entidad autónoma que concentre las competencias, autoridad y recursos necesarios para planificar, implementar y gestionar tan importante espacio, como sucede en lugares emblemáticos como el Parque Central de Nueva York. La fuente de financiamiento debiera ser independiente, para ello se puede explorar un mecanismo similar al del Centro Histórico de Lima, asignando un porcentaje del IGV generado por las actividades comerciales que se ubican dentro de su ámbito de influencia.

Estos y otros cambios exigen la formulación de un proyecto de ley ambicioso, mediante el cual la Costa Verde sea reconocida como un gran espacio metropolitano de carácter simbólico, ecológico y paisajístico, donde se permita el desarrollo de usos comerciales atractivos y diversos que conecten el malecón alto con las playas, generando un flujo permanente de visitantes hacia los diferentes espacios públicos.

La ruta es clara, lo que necesitamos es una administración edilicia con la visión y el liderazgo político necesarios para articular consensos interinstitucionales que permitan impulsar una reforma de esta magnitud.