Los antimineros una vez más

El martes último, autoridades del valle de Tambo e Islay se reunieron con la ministra de Desarrollo Agrario para cuestionar los derechos de agua otorgados a la mina Quellaveco, dándole al Gobierno un ultimátum para revocarlos. La provincia de Islay forma parte del corredor minero del sur, y es donde se encuentra la fallida mina Tía María. Sus autoridades llevan años haciendo carrera política sobre la base de la antiminería, impidiendo un mayor y mejor desarrollo para la región.

El alcalde de Islay sostiene que no se les ha consultado sobre los derechos de Quellaveco. Sin embargo, hubo un largo proceso público de obtención de derechos de uso de agua –empezó en el 2008 y culminó en agosto del 2022, cuando la Autoridad Nacional del Agua otorgó la licencia–. Pero ¿qué son los derechos de uso de agua? Quellaveco necesita 22 millones de metros cúbicos anuales de agua para operar. El 80% de estos serán obtenidos, de acuerdo con la licencia otorgada por el ANA, del río Titire, cuyas aguas superan largamente los límites permitidos de boro y arsénico y, por lo tanto, no son aptas para consumo humano o animal, ni para riego. El 20% restante se tomará de la presa Vizcachas, construida por AngloAmerican para proporcionar agua de buena calidad al valle de Tambo en los meses de estiaje. La Presa captará los excedentes de agua que se pierden en el mar cada año. Quellaveco no le restaría agua a la cuenca ni al valle de Tambo, por el contrario, contribuiría a que tengan más agua y de mejor calidad. ¿Cómo trasladamos esta información a la población que lleva años siendo utilizada por los políticos de turno? La falta de agua es un temor real de las poblaciones, sobre todo rurales, y es exacerbado por los antimineros.

¿Cómo una inversión como Quellaveco –único megaproyecto minero que el Perú ha logrado sacar adelante en los últimos años, que cumple con estándares medioambientales de calidad, con un importante trabajo social y que es un ejemplo de minería moderna– puede ser puesta en riesgo? Porque, desde el sector privado, nos hemos desentendido de la política, dejando vacío el espacio que nos corresponde en la discusión de la cosa pública y en aquello que atañe a la construcción de un país con igualdad de oportunidades. Mientras que la desafección hacia el sistema político hace que los antisistema sean sumamente atractivos para aquellos que no sienten los beneficios del crecimiento económico. Y es que, en el Perú, hemos impulsado el crecimiento y dejado de lado el desarrollo.

Desde el sector privado, por un lado, hemos perdido la confianza de los peruanos al abusar de posiciones de poder y, por el otro, hemos renunciado a demostrar los beneficios de la inversión privada, creyendo que el navegar por debajo del radar nos evitaría problemas. No tenemos presencia en debates sobre los imperativos nacionales y hemos dejado a las regiones en las manos equivocadas porque la clase dirigente peruana, mayoritariamente, no se siente conectada con lo que sucede en el país, ni se siente responsable. ¿El resultado? Autoridades incapaces y un Estado ausente, sin legitimidad ni capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de sus ciudadanos, pese a los enormes recursos económicos que tiene.

¿Cómo impulsamos la inversión privada cuando el Estado es incapaz de garantizar la predictibilidad de los contratos y permisos? El poner en marcha cualquier empresa, desde una bodega hasta una gran mina, requiere de inversión; es decir, de un empresario que decida poner su dinero y apostar por el país. Cuando las reglas cambian constantemente, y el gobierno cede ante intereses de terceros, el riesgo de invertir crece, alejando a los inversionistas del país, quienes preferirán invertir en otros países –los más grandes– o dejar su dinero en el banco. El problema es que, sin inversión, no se genera bienestar, trabajo, ni impuestos para que el Estado pueda invertir en infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Reencauzar al Perú depende de nosotros. El sector privado debe tener un rol activo en las políticas públicas y los ciudadanos debemos involucrarnos en política y defender nuestro país en la cancha.