Precepto 1: respetar la vida

El asesinato de Eduardo Ruiz Sanz (32) y la muerte cerebral de Luis Reyes Rodríguez (28) durante la marcha del pasado miércoles 15 traen consigo, además de una gran consternación, una grave advertencia: la pérdida de vidas, cuando hay movilizaciones de protesta, se está naturalizando, y su justificación se está haciendo en exceso frecuente. “Se lo buscaron”, es la perniciosa lógica que puede terminar instalándose. Una actitud que está en las antípodas del respeto por la vida como centro de la convivencia ciudadana y del Estado de derecho.

En cualquier protesta, los manifestantes pueden movilizarse de manera pacífica, como la inmensa mayoría lo hizo el 15, o lanzar piedras o bombas molotov, como ocurrió con un mínimo de ellos. Los primeros tienen derecho a ser respetados; los segundos son pasibles de detención y de acciones judiciales que deben ser proporcionales.

Por otra parte, ¿a qué se debe tanto desasosiego frente las movilizaciones ciudadanas? ¿Por qué se las llega a definir, incluso antes de que se concreten, como asonadas promovidas por grupos subversivos —derrotados hace ya más de 25 años— o por presuntos agentes extranjeros, como sucedió en las protestas del sur durante el gobierno de Dina Boluarte? Este encasillamiento no es inocente: al etiquetarlas como levantamientos manipulados por subversivos o instrumentalizados por fuerzas políticas externas, o bajo ambas acusaciones a la vez, se sientan las bases para una represión que puede llegar a ser desproporcionada y arbitraria, y que termina por ser letal. En un movimiento de doble dirección, las autoridades de turno generan una suerte de ánimo beligerante tanto entre las instituciones encargadas del orden como entre sectores de la opinión pública; una especie de psicosis que, a su vez, genera y justifica los excesos.

¿Qué ocurre, entonces, para que algunos integrantes de las fuerzas del orden aprieten el gatillo o lancen lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, así como perdigones al por mayor? Ocurre que el “relato” se traduce en la deshumanización del compatriota movilizado o que protesta, un reflejo asentado tanto en parte de las fuerzas encargadas de la represión como en sectores de la llamada clase política y de la sociedad.

Resulta sorprendente, por último, que se quiera señalar a los movilizados como causantes de la inestabilidad política y social del país, cuando ese efecto desestabilizador tiene su origen principalmente en instituciones del poder y en agendas de algunas fuerzas políticas, sobre todo ahora que se avecinan las elecciones.