:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/99744357-289e-4878-8aaa-c9d352fa6ed4.png "Mario Saldaña")
La nueva rebaja de calificación crediticia a Petro-Perú realizada por Fitch Ratings es una ruta sin retorno. Esta fue asignada incluso luego de conocerse el propósito del Gobierno de incorporar una gestión privada a la compañía.
El MEF ha emitido una carta garantizando el soporte financiero del Ejecutivo en diversas modalidades, cuando se sabe que la crisis de liquidez que atraviesa la petrolera obliga, en lo inmediato, a un nuevo aporte no menor a los US$2.200 millones, adicionales a los ya efectuados meses atrás.
Siguiendo la opinión de los expertos y conociendo que hay un grave problema de sobreendeudamiento estructural, lo mejor que podría hacer el Gobierno es sincerar las cosas y darle al país una alternativa seria, técnica y sostenible.
Esto supone entregar el control de la empresa a los acreedores. Y, si para ello es necesario efectuar alguna modificación legislativa, pues que se haga. Es lo que ocurre siempre que cualquier compañía enfrenta situaciones similares. Nadie más diligente para cautelar sus intereses que aquel inversionista que asumió el riesgo y apostó por la oferta de valor que en su momento le ofrecieron.
En ese esquema de gobernanza transitoria, el Estado debe estar necesariamente presente, pues hay un rol de provisión de combustibles a nivel nacional por parte de Petro-Perú que es crucial mantener para evitar cualquier riesgo de desabastecimiento que afecte precios e impacte en la inflación, actualmente bajo control.
Los procesos de reestructuración empresarial, recordémoslo, no suponen necesariamente la liquidación de la compañía; es más, muchas veces operan como una alternativa (si se hace en el momento oportuno, de manera correcta y técnica) a la quiebra. Ejemplos hay de sobra.
Lo cierto es que llamar a una gestión privada per se en este momento en Petro-Perú no es ninguna garantía de reversión de la profunda crisis financiera a la que sucesivos gobiernos, por diferentes motivos y con una enorme cuota de irresponsabilidad y corrupción, han llevado a la empresa.
Apostar por una salida sostenible y real a la crisis de la más grande compañía pública supone, en primer lugar, hablar con la verdad al 100%. Si la reestructuración tiene éxito, acaso sea el punto de inicio para lograr una gestión privada o de capitales mixtos más adelante, bajo criterios técnicos, transparentes, eficientes y sin injerencia política alguna, que fueron los que debieron guiar el accionar de Petro-Perú desde hace años.
