Millonaria, poderosa y peligrosa

Estamos en la etapa del año en la que se evalúa la continuidad del Reinfo, esa farsa que permite que los mineros ilegales permanezcan como tales y estén por encima de la ley.

Todos los años han conseguido sus objetivos y cada vez se enfrenta a un fenómeno mayor. ¿Cambiará la situación con la ley MAPE que ha elaborado el Ejecutivo y que empieza a debatirse en el Congreso?

El precio del oro ha venido subiendo año a año. Si al terminar el 2021 la onza se cotizaba en US$1.812,69 y ya era un negocio extraordinariamente rentable, ahora fluctúa entre US$4.010 y US$4.025.

Estamos ante la actividad que más dinero involucra de todas, legales o ilegales. Así, según el Instituto Peruano de Economía, las exportaciones ilegales de oro ya superan las legales.

Mientras que en el 2025 se estimaban en US$11.500’000.000, calculan que en el 2026 fluctuarán entre US$16.000’000.000 y US$18.000’000.000, lo que supone casi el 4% del PBI. Además, la ilegalidad minera afecta al fisco con S/100’000.000 de impuestos no pagados.

No es solamente millonaria; es a la vez muy peligrosa. Baste decir que el Índice del Crimen Violento (IDCV, que es la suma de homicidios consumados con los fallidos) del Observatorio del Crimen y la Violencia encuentra que, de las ocho regiones con peores resultados, en siete hay una intensa actividad de la minería ilegal. A escala provincial y distrital, se hace más nítido el vínculo de esa actividad con el crimen violento.

Son a la vez poderosos políticamente. Tienen mucha capacidad de movilización promovida por los que manejan el billetón e implementada por los operarios que se llevan las migajas.

Todos los años sus amenazas al Congreso y al Ejecutivo han sido eficaces. Y se ha cedido a la presión. Ello incluyó al actual partido de gobierno que, como todos sabemos, era el más influyente.

Ahora se presenta una nueva ley MAPE que plantea elementos positivos. Entre otros, una ventanilla única para centralizar gestiones y facilitar el seguimiento de cada expediente o el avanzar en la trazabilidad, identificando a quienes lo extraen, transportan y comercializan.

Sin embargo, hay dos observaciones. Así, preocupa a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y a varios especialistas que la norma incluya un Reinfo con otro nombre y por 18 meses (al gremio de los mineros ilegales –la Confemin– le parece muy poco).

Asimismo, en un artículo de opinión en El Comercio, el minero Raúl Benavides daba cuenta de su preocupación de que no estuviese incluido que la Sunat controle el ácido sulfúrico y otros insumos peligrosos para que no se vayan a manos de ilegales (omisión ya subsanada). Quedaría pendiente su petición de que la UIF esté explícitamente involucrada en la detección de operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal.

La cosa va a ser muy complicada en el Congreso porque gracias a Juntos por el Perú ahora hay una “bancada Reinfo”, conformada por mineros ilegales. Hay también la “bancada Castillo”, integrada por sus familiares y amigos. De hecho, su hija putativa preside la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. También es sumar 2 + 2 que la “bancada antaurista” y la de Sendero Luminoso serán férreas opositoras a la propuesta de la ley MAPE y querrán aumentar los beneficios para los ilegales.

El escenario es complicado. Por ello hay que hacer todos los esfuerzos para convencer al gobierno y al Congreso de que no dejen pasar un año más para empezar a enfrentar la ilegalidad en la minería. Si ello no ocurre, el año siguiente podría ya ser demasiado tarde.