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Verdades incómodas, por Fernando Vivas

“El MP necesita una transición hacia nuevas manos, fuera de la junta de fiscales supremos”.

Fernando Vivas Periodista

Poder Judicial, Martín Vizcarra, Justicia

 (Ilustración: Giovanni Tazza)

Antonio Camayo y Mario Mendoza, por citar a los primeros empresarios detenidos por los audios de la corrupción, traficaban influencias y se coludían con funcionarios –según la acusación fiscal– en provecho propio o de terceros.

Pero ojo –¡esta es una verdad amarga que hay que digerir!–, otros consiguen lo mismo sin pagar coima. Lo consiguen por su cara y por su vara, por raza y por clase. Por ejemplo, César San Martín pidiendo celeridad al juez Walter Ríos. Estas inequidades no son absolutas, pero sí convencionales y frecuentes. Quien no lo reconozca está en nada; no entiende o no quiere entender al Perú.

Dicho esto, no extiendo atenuantes al par de reos mencionados, ni indulgencia para Joaquín Ramírez o Edwin Oviedo por ser ‘emprendedores incomprendidos’, como he oído calificarlos generosamente. Exijo equidad: tenemos que identificar y condenar las prácticas de todos los que pasan piola.

Verdad incómoda es que pase piola Duberlí Rodríguez, hoy juez supremo, de quien ya se sabe que tuvo peligrosa cercanía con Camayo. El portal Convoca ya llamó la atención sobre irregularidades que habría protagonizado su hijo Javier Rodríguez Gómez, amparado en la influencia de su padre. Me llevé una decepción personal, pues pensé que Rodríguez tenía autoridad moral para aportar a la reforma de su sector.

O que pase piola PPK, que quiso viajar con permiso judicial a pesar de sus anticuchos judicializados. O que pasen piola los implicados en la operación de compra de votos. O la ‘fundraiser’ Susana de la Puente, verdadero motor tras la campaña que jefaturó el actual presidente Martín Vizcarra en el 2016. Por cierto, este hace bien en liderar la iniciativa para una reforma judicial; pero la idea del referéndum reposa en un maquiavelismo que se les puede ir de las manos. No es malo legitimar reformas con votos de una población desafecta; pero lo de la no reelección congresal, esa sí es una apuesta populista de baja estofa. E inconstitucional si se considera que la participación política es un derecho fundamental (art. 31 de la Constitución) y no se puede hacer referéndum sobre recorte de derechos (art. 32).

Última verdad incómoda: el Ministerio Público necesita un régimen especial que asegure su transición hacia nuevas manos fuera de la actual junta de fiscales supremos. Si Pablo Sánchez alentó la investigación en el Callao, lo aplaudo; pero pecó de descuido con el gravitante caso de PPK. Pedro Chávarry no es idóneo tras tanto balbuceo y mentira, y tampoco lo es la fiscal Zoraida Ávalos, que apoyó a Carlos Ramos Heredia, el más cuestionado fiscal de la Nación. Sin embargo, los tres pueden ponerse de acuerdo en una transición, velando por la estabilidad y seguridad de sus casos emblemáticos.

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