“No retrocederemos ni un milímetro”

En mi columna anterior usé la figura de un trencito para niños para graficar la poca capacidad de resistir del gobierno, en su choque con un tren bólido, a saber, los mineros no legales del país con su enorme capacidad de movilizar y corromper. Pensé que se los llevarían de encuentro en poco tiempo.

No ha sido así, al menos no hasta ahora. Más bien los días posteriores trajeron noticias de una audacia sorprendente como la exclusión definitiva de más de 50.000 mineros del Reinfo, como una presidenta lanzándose al ruedo y responder a la prensa después de casi un año, al menos en este tema. A su vez autorizando a la PNP a mover a los mineros no legales de la avenida Abancay en la que acampaban plácidamente. Al momento de entregar este artículo, el kilómetro 447 en Nasca ha sido reabierto por la policía, pero en Arequipa, la ciudad más afectada, los bloqueos continúan.

El primer ministro y el del Interior han reiterado su decisión de no permitir que haya bloqueos y menos aún vandalismo. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha declarado: “No retrocederemos ni un milímetro”, declaraciones que dada la realidad de las carreteras desde hace unos 10 días me son ininteligibles.

La situación es incluso más complicada para el gobierno, dado que la mayoría en el Congreso ha optado por mirar al costado.

Recordemos que fueron 84 de ellos quienes votaron a favor de la extensión del Reinfo en el 2025. Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú y Podemos Perú, lo hicieron por unanimidad.

Luego vino la espantosa matanza de 13 mineros en Pataz que se llevó de encuentro al Gabinete Adrianzén. La conmoción que ello ocasionó en el país llevó a esos partidos a mantener un cierto perfil bajo mientras hacen sumas y restas sobre que les conviene decir o hacer de cara a las elecciones. Eso explicaría por qué el martes no apoyaron el proyecto de ley MAPE, muy favorable a los reclamos de los mineros no legales.

A los de la izquierda no se les ha movido un pelo y siguen apoyándolos porque son un bolsón electoral y de financiamiento ilegal invalorable. Las violaciones a los derechos humanos en socavones y ríos, así como la destrucción del medio ambiente les importan un comino. El caso más notorio es el de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, quien sin empacho alguno quiere que se patee cualquier medida de control hasta fines del 2026. Sintomáticamente, Juntos por el Perú quiere al golpista Pedro Castillo –el presidente preferido de los mineros no legales– como candidato al Senado y, hoy por hoy, no hay nada que lo impida.

El gobierno está solo en la cancha y no creo que ni ellos puedan creer que a punta de invocaciones liberarán las vías del país.

Se va a requerir el uso legal y legítimo de la fuerza y eso para ella son palabras mayores. La razón: el pésimo manejo de la crisis de orden público para controlar las muy violentas protestas en los días y semanas siguientes al golpe fallido, que derivaron en decenas de muertes, muchas de personas ajenas a los hechos, lo que la va a perseguir de por vida.

Obligar a los mineros no legales a replegarse e iniciar un diálogo sin amenazas sería un paso adelante muy importante. Eso sí de ninguna manera la solución de un problema mayúsculo; después de todo, hay los que tienen 12.000 millones de razones para seguir en ello y que logran poner de carne de cañón a quienes el oro representa la ilusión de salir de la miseria.

Ojalá me equivoque, pero sigo pensando que Dina Boluarte no va a dar ese primer paso.