Papá, mamá y sus huérfanos

Estoy seguro de que debe haber más de un periodista avispado que está preparando un librito sobre las frases célebres de Dina Boluarte. Entre las muchas joyas que rescatarán, brillará con luz propia la de Virú, cuando estando al lado del gobernador de La Libertad y ante las cámaras para que quedara para la posteridad, dijo: “Usted es el papá de La Libertad, yo soy la mamá de todo el Perú”.

La admiración que la presidenta expresaba por César Acuña es solo comparable con la que siente y muestra reiteradamente por Juan José Santiváñez.

Corría entonces febrero del 2024 y ella tenía 8% de aprobación, casi el triple de lo que hoy la alumbra. Ya Alianza para el Progreso era el principal aliado de Boluarte en el Congreso y, en contraprestación, le había entregado el Ministerio de Salud y hace poco, en adición, el inmenso Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Me imagino que muchos en La Libertad, por entonces ya la región más asolada por el crimen violento en todo el país, pudieron pensar que, teniendo un papá y una mamá tan poderosos, las cosas iban a mejorar, al menos un poco.

La realidad es terriblemente diferente: en el 2024 y, más todavía en los meses transcurridos del 2025, la tragedia ha empeorado.

Así, en la pequeña localidad de Virú, escenario de la pública confesión de paternidad compartida, se esperaba una especial protección, pero entre enero y agosto ya 11 personas han sido asesinadas. A su vez, en el mismo período, solo en el distrito de Pataz lo han sido 28 ciudadanos, convirtiéndolo en el segundo distrito en el que más homicidios se han cometido entre los 1.879 del país.

En toda La Libertad, las víctimas mortales llegan a 166 a falta de casi cuatro meses para que termine este año; siendo así, es inevitable que, al igual que en años anteriores, se sobrepasen los 200 homicidios, con lo que ya se acercan a los 1.000 en lo que va del gobierno de Dina Boluarte.

Con ser desgarrador lo anterior, hay que añadir la nueva modalidad criminal, única por ahora en Trujillo, donde atacan y hasta destruyen edificaciones con explosiones que no solo aterrorizan a las víctimas a las que van dirigidas, sino a toda la población. Son ya tres grandes y conocidos eventos de esa naturaleza en lo que va del año, a los que hay que añadir la destrucción de torres de alta tensión en Pataz.

Pero hay que decir que decenas de otros atentados con dinamita para amedrentar a los que no quieren ser extorsionados han ocurrido este año, siendo los distritos de La Esperanza y El Porvenir, así como el propio centro de Trujillo, los más afectados.

Todo esto muestra que el estado de emergencia, que ya no se puede medir en meses sino en años, no ha funcionado. La respuesta a ese fracaso es anunciar el estado de sitio, que además de ser inútil para este propósito es constitucionalmente inaplicable porque solo puede darse en caso de guerra exterior.

Las soluciones van por otro camino: fortalecer la investigación criminal y las labores de inteligencia, penetrando y destruyendo más organizaciones de las que ellos puedan reemplazar; a su vez, aumentar y mejorar el patrullaje por las ciudades. Para ambas cosas se requiere voluntad política y más recursos. Lo primero parece no existir y lo segundo empeora dado que el presupuesto nacional para el 2026 destinado a seguridad y orden público, que el gobierno ha presentado al Congreso, ha sido reducido en S/536 millones, cuando el anterior ya era notoriamente insuficiente.

Los afectados y los amenazados están huérfanos. Lo saben y oscilan entre la indignación y la resignación.