Petro-Perú a la carga

Hace unos días, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, le pidió al presidente de Perú-Petro, José Mantilla, su renuncia al cargo. Sin mayor explicación. Montero estaría respondiendo así a las presiones de Petro-Perú. No se confunda, Perú-Petro y Petro-Perú no son lo mismo. Aunque hoy parecieran responder a los mismos intereses oscuros.

Perú-Petro es la empresa estatal que promociona, negocia, suscribe y supervisa contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Es decir, es la encargada de atraer inversión privada para poder explotar el petróleo y el gas. Por ello tiene un rol importantísimo, que claramente no cumple a cabalidad, ya que actualmente la exploración es prácticamente inexistente y la explotación se ha reducido a su mínima expresión.

Mientras que Petro-Perú es la empresa estatal dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo. Es además la dueña de ese enorme despropósito que se llama la refinería de Talara y que le viene costando al Perú US$6.500 millones. Petro-Perú está quebrada, y pese a ser una empresa con un pésimo manejo corporativo y muy poca transparencia, sus directivos quieren ganar los contratos de operación de lotes que Perú-Petro tiene en licitación porque es la única manera en la que creen que podrían asegurarse un flujo económico que les permita cubrir sus costos de operación. Aunque no tenga la experiencia ni la espalda financiera para explotar lotes petroleros.

Tras la salida de Mantilla, el Minem, nombró a Pedro Chira como nuevo presidente de Perú-Petro. Chira fue presidente de Petro-Perú hasta febrero del 2024, y es muy cercano a su actual presidente, Alejandro Narvaez y a su gerente general Óscar Vera. Este nombramiento ocurre luego de que el ministro de Energía y Minas declarase públicamente su disconformidad con el resultado de la licitación de los lotes I y VI que eran operados temporalmente por Petro-Perú, y que estaban en el proceso de adjudicación a empresas privadas. Con la llegada de Chira, Perú-Petro acaba de denegarle la calificación a los consorcios privados que habían sido adjudicatarios de estos lotes.

Y, aunque Salardi, ministro de Economía, se había comprometido públicamente a no entregarle más recursos a Petro-Perú, hoy defiende la designación de Chira. Las presiones seguirán. Lo advirtió Boluarte cuando en setiembre del 2024 sostuvo que el gobierno redoblará “esfuerzos para dotar de los recursos financieros que Petro-Perú requiera para seguir operando”.

Actualmente, existen empresas petroleras que están interesadas en invertir en el Perú, pero la falta de transparencia del gobierno ahuyenta la inversión, reduciendo la posibilidad de crecimiento y desarrollo del país. Regresándonos así a tiempos oscuros donde las empresas del estado tenían el control de los sectores económicos y la pobreza y el subdesarrollo eran la norma.

El Perú ha logrado mantener la estabilidad fiscal y monetaria durante más de 30 años gracias a las reformas fiscales y monetarias de los años noventa y al hecho de que la Constitución establece el rol subsidiario del Estado en la economía, es decir, prohíbe que el Estado actúe como empresario en actividades que pueden ser asumidas por el sector privado, como ocurre en el sector hidrocarburos.

La destrucción de la institucionalidad del país en manos de Castillo y Boluarte es enorme. Los lideres empresariales no pueden quedarse callados frente a lo que viene sucediendo. Necesitamos levantar la voz contra la corrupción, la captura de rentas y el despilfarro de nuestros recursos. Y, sobre todo, contra los políticos que creen que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas.