Podredumbre en la lonchera

Frente a los escándalos de intoxicaciones, compras amañadas y supervisiones simuladas en los programas de alimentación escolar –primero Qali Warma, luego Wasi Mikuna, hoy PAE–, el Estado Peruano ha optado por medidas superficiales en lugar de resolver problemas de fondo. El eje central no es la falta de presupuesto –que creció de 1.000 a casi 2.500 millones de soles–, sino la ausencia de un sistema que impida que en sus entrañas se cuele la corrupción. Una corrupción que se revela en forma de latas con comida no apta para el consumo humano que enferma a los niños más vulnerables del país.

El estudio “Diseño de un sistema de alimentación escolar que mitigue los riesgos asociados a la corrupción y con enfoque territorial”, elaborado por Videnza Consultores a pedido de Proética, ofrece una radiografía precisa de ese fracaso. Todos los países que han tenido éxito en sus programas de alimentación escolar tienen en común rectoría fuerte, capacidad territorial, estándares obligatorios, aspectos no negociables, transparencia y educación alimentaria integrada. Nosotros hemos traducido esas lecciones al contexto peruano.

Según nuestra investigación, las compras públicas son el punto más vulnerable: se detectan debilidades de planificación, falta de estándares de calidad, poca transparencia y enormes asimetrías entre territorios. En las zonas rurales y amazónicas, donde la dispersión geográfica y la limitada infraestructura complican la entrega, la probabilidad de corrupción se multiplica. Y aunque existen mecanismos de vigilancia ciudadana, son desiguales, poco articulados y sin recursos para ejercer control real.

El problema, por tanto, no es operativo, sino estructural. La alimentación escolar ha sido tratada como un servicio asistencial, cuando debe incorporar educación alimentaria, higiene, salud escolar y promoción de prácticas saludables. Está desconectada de los aprendizajes, pese a que se da en la escuela y a que nació para mejorar el rendimiento académico de niños y adolescentes.

Nuestra propuesta apunta a un cambio de paradigma: crear un sistema nacional de alimentación escolar cuyo ente rector no sea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino el Ministerio de Educación. Asimismo, conformar un Comité Nacional integrado, además de por esos dos ministerios, por los de Salud, Agricultura, Producción, y Economía y Finanzas, y en el que participen gobiernos regionales y representantes de las familias. Este órgano multisectorial –autónomo y con funciones vinculantes– sería el encargado de definir estándares, asegurar la trazabilidad digital a lo largo de todo el proceso y supervisar con independencia técnica.

El sistema propuesto incorpora herramientas concretas para cerrar grietas. Para el diseño de menús: estándares nutricionales nacionales unificados, panel de expertos independientes que los validen, y publicación anticipada de todos los requisitos técnicos para evitar favoritismos. Para el proceso de compras y selección de proveedores: compras electrónicas estandarizadas, con trazabilidad completa y auditoría automática; un tercero independiente (como en Chile) que evalúe solvencia y calidad, y base única nacional de proveedores sancionados o incumplidores. Para la supervisión y el control de calidad de los alimentos: protocolos únicos de control sanitario obligatorios, supervisión independiente de la unidad ejecutora, y mecanismos de denuncia digital para directores, familias y los Comités de Alimentación Escolar (CAE). Para el almacenamiento y la logística: registro digital de entrada y salida con foto y geolocalización, supervisión aleatoria por un ente externo, y protocolos de almacenamiento diferenciados por clima (costa, sierra, selva). Para la distribución en escuelas y la cogestión: capacitación obligatoria y certificada; simplificación de funciones para que supervisen, pero no gestionen las compras; y línea directa anticorrupción con seguimiento público del caso. Finalmente, para rendición de cuentas: transparencia total del presupuesto, compras, proveedores y supervisiones; evaluación anual obligatoria y publicada; e indicadores de desempeño comunes para todas las regiones.

Este estudio busca ser un insumo útil para autoridades y equipos técnicos. Al aportar evidencia, aspira a fortalecer la confianza en servicios públicos esenciales y en los derechos de la niñez. Lo que falta no es otro programa, sino una arquitectura institucional que blinde cada eslabón de la cadena alimentaria frente a la corrupción. Y autoridades capaces de sostenerlo como política de Estado.