Que la vergüenza cambie de bando

Entre el 2017 y setiembre del 2025, en el Perú se registraron 73.747 denuncias por violación. De ellas, solo 280 obtuvieron sentencia. Es decir, apenas el 0,38%. El dato abarca todo tipo de violaciones denunciadas a escala nacional y fue revelado por el diario español “El País” tras pedidos de acceso a la información pública.

Hace dos semanas, en este mismo espacio, escribí la columna “Madres a la fuerza”, donde comentaba cómo casi 1.000 niñas menores de 14 años son madres cada año en nuestro país, la gran mayoría producto de una violación (aunque legalmente todos califican como violación). Esa cifra adquiere un nuevo significado cuando se la coloca al lado de ese 0,38% de condenas. Es la fotografía completa de un sistema que no castiga a los agresores, pero sí impone la maternidad a las víctimas.

En ese contexto, la prensa destapó el caso del albergue La Casa del Padre, fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui y su esposo para acoger a niñas y adolescentes víctimas de violación. La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular aparecía en fotos sonriendo en un escenario al lado de una fila de estas niñas y adolescentes. Mientras algunas sostenían a sus bebés en brazos, otras se cubrían el rostro. Jáuregui ofreció disculpas por exponerlas y negó cualquier irregularidad.

Sin embargo, este último domingo, el programa “Punto final” denunció que ocho adolescentes se han escapado del albergue; que una menor murió en sus instalaciones, pero el hecho no fue reportado a las autoridades y se mantuvo un total hermetismo entre los vecinos; y que despidieron a un empleado que, por las noches, ingresaba al cuarto de las niñas.

Si bien Jáuregui asegura estar desligada de la dirección del local, su presencia es indiscutible, como lo revelan fotos publicadas por el albergue y en el portal del Congreso de la República durante su semana de representación. A pesar de que, como parlamentaria, ha promovido diversos proyectos de ley contra la regulación del aborto terapéutico, el Estado siguió derivando a su centro de acogida a menores de edad víctimas de violación.

Desde ciertos sectores se insiste en que quienes defendemos el aborto terapéutico en casos de violación promovemos una “cultura de la muerte”. Se nos acusa de trivializar el aborto, como si se tratara de una decisión ligera o caprichosa. Pero la realidad escapa a la ideología. El embarazo infantil implica riesgos de muerte materna, complicaciones obstétricas, anemia severa y partos prematuros. A eso se suma el daño psicológico de una gestación producto de una agresión sexual y luego asumir una maternidad para la que no hay preparación física, emocional, económica ni social. Defender el aborto terapéutico cuando la víctima lo desee o requiera no es promover la muerte, sino proteger a una niña víctima de hechos horrendos. De decidir continuar con el embarazo, es deber del Estado apoyarla para que pueda asumir su rol de madre en las mejores circunstancias posibles para ella y su bebé.

Es justo reconocer que cualquier institución que brinde techo, alimento y protección adecuada a una menor violentada cumple una función valiosa. Pero el problema aparece cuando esa ayuda se convierte en un modelo ideológico que se proyecta como política pública, cuando el debate médico y jurídico se reduce a una cuestión de fe donde el mensaje es que el embarazo debe continuar a toda costa.

Un Estado serio no puede delegar la atención de niñas violadas a instituciones sin protocolos claros, sin supervisión estricta y sin garantizar el acceso a todas las opciones legales disponibles. El problema no es la religión, sino la ausencia del Estado.

En el 2024, el mundo conoció la historia de la francesa Gisèle Pelicot, quien descubrió que su esposo llevaba 10 años sedándola por las noches para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa. Cuando el caso llegó a juicio, ella pidió que fuera público. “Es hora de que la vergüenza cambie de bando”, sentenció.

Ese debería ser también nuestro objetivo como país: que el estigma no lo carguen niñas obligadas a parir, sino que la condena social y judicial recaiga sobre los hombres que las violaron.