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¿Por qué la reforma política es igualmente urgente?, por Carlos Basombrío

“No hay posibilidad alguna en este período, como tampoco la hubo en los anteriores, de que los congresistas cambien las reglas de juego de las que son hijos”.

Carlos Basombrío Iglesias Analista político y especialista en temas de seguridad

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“El ideal sería que el referéndum gatille un proceso más amplio de reformas, tanto de la justicia como de la política”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

Se ha iniciado un debate sobre la posibilidad de separar en el tiempo la reforma política de la de justicia, con el argumento de que la primera recién tiene que ver con situaciones que sucederán en el 2021 y que, por lo tanto, puede esperar.

Discrepo completamente con esta interpretación. En primer lugar, porque en el Perú se viene reclamando una reforma política desde hace mucho. Ya durante el gobierno de Alan García había propuestas al respecto y el Congreso de ese entonces las ignoró. Cuando empezó la administración de Ollanta Humala se dijo que estas se debían dar al inicio del período, cuando los congresistas todavía no estuviesen pensando en su futuro. Por supuesto aquello no ocurrió, hubo muy pocos cambios, y algunos, incluso, para peor.

La presión fue mucho más fuerte al inicio de este Congreso, con propuestas de Transparencia, el JNE y luego del Ejecutivo. Patricia Donayre, entonces congresista de Fuerza Popular, presidió la comisión que debía hacer la reforma y se la tomó en serio, proponiendo algunos cambios importantes. Nada relevante fue aprobado por la mayoría –incluso se podrían citar algunos retrocesos– lo que llevó a la legisladora a renunciar a su bancada.

Digámoslo con claridad; no hay posibilidad alguna en este período, como tampoco la hubo en los anteriores, de que los congresistas aprueben reformas constitucionales y legislen, cambiando aquellas reglas de juego de las que son hijos. Ello solo va a ocurrir si hay una inmensa presión de la sociedad exigiéndolas. De no hacerse en esta coyuntura (hay suficientes propuestas, lo que falta es voluntad) las irán diluyendo y al final no harán nada. Llegaremos así al 2021, con las profundas taras de nuestra vida política; quizás hasta corregidas y aumentadas.

La mejor prueba de lo que digo son las elecciones regionales y municipales en curso que, considerando las reglas de juego que tienen, me parece inevitable que no terminen repitiendo todo lo malo de la última.

Para empezar priman los partidos “vientres de alquiler”; es decir, las “organizaciones” que ofrecen su membrete al mejor postor. La verdad es que en Lima Metropolitana, de los 20 partidos políticos en lid, no hay más de cinco o seis que se acercan al concepto mínimo de organización política. El resto son una gigantesca mentira con la que convivimos y que alienta a los aventureros. ¿Cuantos candidatos identifica usted como vinculados realmente al “partido” que los presenta? Por mi parte, solo dos.

Otra consecuencia: no hay posibilidad de elecciones mínimamente informadas. Si se debe escoger entre 20 candidatos para Lima y entre 22 postulantes para algunos distritos, como San Martín de Porres, el Rímac y San Juan de Lurigancho, no podemos pasar del nombre de unos cuantos. Y la historia se repite en muchísimos otros lugares del país.

Los planes de gobierno son irrelevantes. ¿Quién va a leer 40 de ellos antes de votar?, si a veces ni el mismo candidato ha leído el suyo, como nos acabamos de enterar a raíz de una denuncia de plagio. ¿Cómo visibilizarse en medio de la multitud? Pues a través del dinero (mucho dinero) y, en paralelo, llamando la atención de distintas formas, así sea con las mentiras más ramplonas.

Sin duda, en todos los lugares hay candidatos honestos, con ganas de hacer las cosas bien y con propuestas sensatas. Pero la mayoría de veces terminan en la sombra por la competencia desleal de los demagogos.

Otro problema evidente es el sistema de fiscalización del ingreso de dineros ilícitos a las campañas, que no ha mejorado un ápice. En un escenario como el descrito, un porcentaje importante de postulantes entrará financiado con dinero turbio, que habrá que devolver con “favores” y, a la vez, rentabilizar la “inversión” haciendo “negocios” propios. Lo que hemos visto en los municipios de La Victoria, Santa Rosa, San Juan de Miraflores, Chilca y bastantes otros en todo el país, se repetirá, quizás hasta multiplicado.

Martín Vizcarra parece haberse dado cuenta de que la reforma política debe venir junto con la judicial. Si no, no llegará. Esta nauseabunda crisis de corrupción que vivimos tiene la virtud de crear un momento político favorable para hacer ambas. No coincido con todas las propuestas, pero él se ha jugado por ellas y no puede retroceder. El ideal sería que el referéndum gatille un proceso más amplio de reformas, tanto de la justicia como de la política. La mayoría en el Congreso no quiere. No hay forma de que ello ocurra sin movilización ciudadana.

Coda: Pedro Chávarry no puede continuar como fiscal de la Nación. Para empezar, porque no cumple con uno de los requisitos para el cargo estipulados en la Ley Orgánica del Ministerio Público: “Gozar de conducta intachable, públicamente reconocida” (artículo 39, inciso 5). Por esa razón, muchos ciudadanos que en las redes creemos que su permanencia es insostenible estamos firmando una solicitud electrónica para que esto acabe ya. Al momento de publicarse esta columna habremos pasado holgadamente las primeras 25.000 (¡en una semana!). Falta mucho para llegar al monto suficiente.

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