Memo: minería informal

El escaso logro conseguido por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) reside en que pocos se formalizaron –cerca de 20.000, aproximadamente 5% del total– y no logró convocar a quienes tenían cierta voluntad de formalización ni redujo el importante número que no quiere ningún control. Pero el meollo de su poco éxito radica en que el Estado no se preparó en serio para responder a la dimensión del encargo. Si el reto principal es la formalización –y la eliminación de la ilegalidad–, para actuar hay que partir de dos consideraciones básicas: es imprescindible una fuerte voluntad política y, por los precios internacionales del oro y el cobre, se trata de un sector en pleno crecimiento.

¿Cuáles son los puntos claves de una nueva Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal?

1. Distinguir quién es quién: ilegales, informales y artesanales, así como –algo en lo que insiste la politóloga Zaraí Toledo– las modalidades de explotación informal (en Ayacucho y Madre de Dios, por ejemplo).

2. Actuar frente a los cuellos de botella derivados del acaparamiento de concesiones que resulta en usos especulativos.

3. Aumentar el presupuesto para la formalización. Según José de Echave (Al Filo, 26/11/24), el 2023 fue de US$20 millones, suma exigua para encauzar un negocio que mueve cerca de US$10.000 millones anuales.

4. Reformar y potenciar sectorialmente el Estado aumentando la capacidad operativa del Minem y de los gobiernos regionales, y revisando las exigencias de regulación para dirimir qué es lo crucial e indispensable. Según Hernando de Soto, el procedimiento actual no demora menos de 1.260 días (3,5 años) y el costo supera los US$87.000 (MLE, 15/3/24).

5. Controlar el uso de explosivos, como demanda Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, junto con hacer que “la Superintendencia de Banca y Seguros logre la trazabilidad de los fondos”, en un negocio que debería estar bancarizado (Energiminas, 13/3/2024).

6. Introducir en la normativa cambios que garanticen el cuidado ambiental y la salud de los trabajadores.

Junto con llamar a los mineros artesanales e informales a “ponerse en orden”, urge especializar al Estado mediante la constitución de una fuerza intersectorial con una capacidad política y operativa superior. Difícil, cierto, con un gobierno aprobado por el 3% y un Congreso complaciente con la informalidad. Pero el reto es permanente, porque la minería informal no va a desaparecer.