El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debería cerrarse a fin de año. Creado en el 2016 como una herramienta para facilitar la formalización de los mineros informales, terminó generando el efecto contrario: ha fomentado la expansión de la minería informal en el país.
Desde su implementación, la fecha límite para formalizarse ha sido postergada en repetidas ocasiones debido a la presión de asociaciones de mineros informales. El resultado es contundente: hoy existen cerca de 80.000 inscripciones en el Reinfo, y una nueva ola de presión social busca extender nuevamente su vigencia.
El Reinfo nació con buenas intenciones, pero con un grave defecto: eximió temporalmente a los mineros y empresas informales del cumplimiento de varias normas mientras duraba su proceso de formalización. Esa situación llevó a la presidenta del Tribunal Constitucional a calificarlo como “una licencia para matar”.
La frase no era exagerada. En nombre de la formalización se permitió que miles de operaciones informales continuaran funcionando sin control ambiental ni laboral.
La sociedad no puede seguir tolerando que la minería informal destruya ecosistemas, contamine ríos y ponga en riesgo vidas humanas. Ese debe ser el límite de cualquier intento de flexibilidad.
No podemos aceptar, por ejemplo, que los explosivos sigan comercializándose sin control, lo que facilita su uso por parte de bandas criminales. Tampoco podemos permitir que miles de trabajadores laboren en condiciones infrahumanas, sin contrato, sin seguro y sin las mínimas garantías de seguridad. Cada tanto, las noticias de mineros muertos en canchas de desmonte nos recuerdan el costo de esa indiferencia.
Y menos aún podemos tolerar el daño ambiental causado por el uso indiscriminado de mercurio, cianuro y otras sustancias altamente tóxicas. Según el Ministerio de Energía y Minas, existen alrededor de 80.000 inscripciones en el Reinfo: 20.000 estarían vigentes y 60.000 ya habrían caducado.
Remediar los pasivos ambientales que dejan esas operaciones no es gratuito. Según estimaciones del sector, mitigar un pasivo puede costar en promedio US$500.000. Si el Estado tuviera que asumir los 60.000 pasivos dejados por las inscripciones en el Reinfo que ya están vencidas, el costo ascendería a unos US$30.000 millones, casi la mitad de las reservas internacionales del país.
Por ello, es imprescindible que las inscripciones en el Reinfo que aún siguen vigentes garanticen al Estado que no dejarán pasivos ambientales. No se puede seguir socializando las pérdidas ambientales de la informalidad mientras unos pocos se benefician del oro extraído al margen de la ley.
En otros aspectos, sí podríamos ser más flexibles. Dar más tiempo a los mineros informales para completar su proceso de formalización puede ser razonable, siempre que se cumpla una condición básica: que no se siga destruyendo el medio ambiente ni poniendo en riesgo la vida de las personas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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