Un hoyo sin fin

Dos semanas atrás, antes de que se difundieran los nombres de su nuevo directorio –que registró dos renuncias a tan solo horas de haber sido anunciado–, Petro-Perú nos demostró, una vez más, que la mayoría de críticas en su contra están más que fundamentadas. Lo evidenció con cifras que no están ni cerca de salir del terreno negativo; datos preocupantes que podrían implicar (ojalá no sea el caso) una mayor necesidad de recursos públicos para la petrolera bandera en adelante. Un riesgo fiscal que, lamentablemente, se mantiene latente tras los últimos cambios de funcionarios.

Aunque puedan resultar confusos, los datos listados a continuación permiten ilustrar la magnitud del problema en el que se encuentra atrapada la entidad: al tercer trimestre de este 2024 (entre enero y setiembre), la pérdida neta de Petro-Perú asciende a US$745 millones, muy cerca de la misma pérdida que la compañía estatal registró a lo largo del 2023 (US$823 millones). Si se hace un ‘close up’ a la pérdida neta que la empresa anotó entre julio y setiembre de este año, el resultado negativo es un 96% mayor a la pérdida neta registrada en el mismo período del año anterior. Una evidente demostración de una crisis que está lejos de cesar.

Las carencias financieras de la empresa estatal son generalizadas, pero otro de los datos clave para demostrar el inminente retroceso de Petro-Perú es cómo ha evolucionado su participación en el mercado interno de combustibles: en el 2021, el ‘market-share’ de la petrolera ascendía al 36%; al tercer trimestre de este 2024, dicha participación se sitúa en solo 24%. En el mercado de gasolinas, la participación de Petro-Perú ha retrocedido en 10 puntos porcentuales en el último año y medio, pasando del 44% al 34%.

Es cierto que los problemas con los que carga Petro-Perú no son solo financieros, pues gran parte de la crisis actual tiene su origen en una mala gestión y nula gobernanza. Pero ¿cómo justificar al país que se haya destinado miles de millones de soles, recursos, en muchos casos, del Tesoro Público, a una empresa que arrastra cifras como las expuestas líneas arriba? Los resultados, que serían inadmisibles en el ámbito privado, son el reflejo puro de la indecisión a la que la estatal se encuentra sometida desde que el directorio presidido por Oliver Stark se vio obligado a renunciar, y arrastran pasivos de una obra –la Refinería de Talara– que no rinde los frutos que en su momento prometió.

El nuevo directorio debería asumir el enorme reto de revertir esta situación, para lo que tiene varias salidas ya delineadas en el papel. Pero los nombramientos de los principales funcionarios de la entidad han generado preocupación y poca certeza sobre lo que finalmente ocurrirá. Por un lado, se encuentra Alejandro Narváez, actual presidente de la entidad, quien ya se ha mostrado en contra de encargar la administración de la estatal a un gestor privado; por el otro, está Óscar Vera, quien fue responsable de la entrega de tres lotes petroleros a Petro-Perú en el 2023, en plena crisis financiera de la entidad, mientras era ministro de Energía y Minas.

Aunque suene a disco rayado, es necesario repetirlo: es sumamente urgente que el Ejecutivo tome decisiones audaces y estructurales para encontrar prontas soluciones a la crisis de la petrolera estatal. ¿Podrá el gobierno de Boluarte reconocer sus malas decisiones y asumir las correctas?