El impacto de la minería ilegal en nuestro país ha superado con creces la incidencia de otras actividades ilícitas que proliferan en diversas regiones. Sin restar importancia a la lucha contra otras economías ilegales, en los últimos años la atención y el nivel de alerta se han concentrado, justamente, en el rubro minero criminal, impulsado recientemente por el elevado precio internacional del oro.
Mientras que en octubre del 2022 la cotización de este metal precioso se ubicaba en torno a los US$1.664 por onza a escala global, para noviembre del 2025, aún con una moderación respecto de sus picos recientes, el oro se ha situado alrededor de los US$4.063 por onza: un incremento cercano a US$2.400 en solo tres años, que supone una variación superior al 140%. Factores macroeconómicos y geopolíticos explican este aumento de valor en un activo que funciona como refugio financiero por excelencia. Y aunque poco o nada podemos hacer frente a las circunstancias internacionales, también parece que poco o nada –o lo peor– se concreta desde las políticas públicas locales necesarias para enfrentar el núcleo del problema.
Ocho días atrás, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que busca extender nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, una decisión que no puede pasar desapercibida y que ya ha sido celebrada por algunos mineros artesanales como una victoria preliminar. Diecisiete congresistas votaron a favor de esta ampliación, como si ignoraran (o fingieran ignorar) lo nocivo que ha resultado el Reinfo para el país. En términos simples, este registro ha terminado funcionando como un paraguas que permite que muchos ilegales operen al margen de la ley, a la vez que fracasa en generar incentivos efectivos para que la minería informal dé el salto hacia la formalidad.
El dictamen no solo plantea una nueva extensión del plazo: la comisión pretende también reincorporar a más de 50.000 Reinfo que habían sido excluidos del registro, una de las poquísimas medidas que se consideraron rescatables tras la última ampliación de este cuestionado mecanismo.
En lugar de asumir una posición firme y coherente con la gravedad del problema, el presidente José Jerí se pronunció hace apenas unos días señalando que está en contra de una extensión tan larga, pero a favor de ampliar el Reinfo por un año más; en aras de no ignorar la realidad. Lo que el presidente omitió mencionar –cuando menos, a modo de crítica– es que tres congresistas de Somos Perú, la bancada a la que pertenece, votaron a favor de la ampliación por dos años, dejando en fuera de juego cualquier postura que Jerí pretenda sostener en adelante.
En un contexto en el que se reclama mayor formalidad y crece el temor por el peso que tendrá la minería ilegal en el próximo proceso electoral, las autoridades, a las que les quedan pocos meses en funciones, optan por proteger sus intereses una vez más por encima del futuro del país. Si el electorado no identifica y sanciona a las agrupaciones políticas que insisten en defender mecanismos obsoletos, mal diseñados y dañinos como el Reinfo; si no se castiga a estas organizaciones en las elecciones generales del próximo año, todo esfuerzo por desnudar la putrefacción vigente habrá sido en vano. Solo queda cruzar los dedos y esperar que, esta vez, la indiferencia no vuelva a triunfar.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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