Conforme se continúa deteriorando la situación de violencia criminal en el país, se hace más breve la sobrevivencia de los anuncios de medidas del gobierno que aportarían a solucionar el problema. De las más recientes geniales ideas, la de volver al servicio militar obligatorio e inaugurarlo para la PNP no volvieron a hablarnos.
Esta semana, el despropósito abandonado fue el de imponer a los medios una franja diaria para difundir los ‘logros’ que se anuncien en el cuarto de guerra, traducción este de ‘war room’, que tuvo sentido en Europa en la Segunda Guerra Mundial, cuando los acontecimientos y las respuestas cambiaban hora a hora.
En su desangelado émulo, pierden tiempo valioso los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ya que está estructurado en torno al informe diario del comandante general de la PNP sobre los operativos policiales en la lucha contra el crimen. (¡Qué novedad! ¡Hacen operativos todos los días contra el crimen! ¿No son estos acaso y desde siempre su razón de ser, acá y en la Cochinchina, con o sin estado de emergencia?).
Luego viene el discurso político de la presidenta y sus ministros festejando los resultados obtenidos y acusando: “Ya ven la culpa es de la fiscalía que los suelta a todos” (hay cifras oficiales contundentes que muestran la falsedad de aquello). También culpables: “Los medios de comunicación por revelar los crímenes y no destacar nuestros éxitos” (por cierto, con la fiscalía, ambos protagonistas del malévolo “golpe blanco” contra el pobre gobierno).
Como con tantas cosas antes, la presidenta se va a aburrir de esta rutina y el cuarto de guerra será dejado de lado.
Pero, sí se requiere que se dé cuenta no de las acciones y las intenciones, sino de cómo evolucionan los resultados de la lucha contra el crimen. Si para medir la situación económica interesan poco los buenos deseos del MEF y lo que vale es cómo evoluciona la inflación, el PBI y la reducción de la pobreza, en esto hay que hacer lo propio.
¿Cómo medir si se está avanzando o retrocediendo en contener el crimen? Hay herramientas objetivas e inapelables. Así para medir cómo se avanza contra la extorsión hay que contar cuántos presos hay en las cárceles por ese delito.
En el Observatorio del Crimen y la Violencia hemos documentado con información del INPE, que el número es básicamente el mismo de hace una década. Ello pese a que ahora la cantidad de personas en prisión es significativamente más alta, y que, en esa época, había extorsiones en algunos pocos lugares y ahora no se escapa ninguna región. Abona a lo dicho, que en el gobierno de Dina Boluarte ya hay más de 50.000 denuncias por ese delito, las que solo son la punta de un gigantesco iceberg.
Un dato más reciente nos muestra que, entre setiembre y diciembre del 2024, los presos por extorsión aumentaron en un promedio de 18 por mes. No hay que ser muy zahorí para darse cuenta de que a ese ritmo “tenemos perdida la guerra” (usando el lenguaje de moda en el gobierno para la temporada verano otoño). Digamos que ocho veces más que eso y sostenible en el tiempo podrían empezar a reflejar éxitos en lo que se hace.
El otro indicador es el de los homicidios. De nuevo con base en cifras oficiales, esta vez del Sinadef vemos cómo vienen subiendo a velocidad de vértigo. Entre enero y marzo del 2023, mataron a 346 personas; en el 2024, a 469; y en el 2025, a 554. Ojo, el naciente abril arrancó bien feo.
El 1 de mayo sería una fecha razonable para hacer la primera presentación ‘oficial’ de cómo vamos en resultados objetivos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/d13b2bea-8ed1-4e0e-a9f8-eef61af965e0.png "Carlos Basombrío Iglesias")
Local US
