El atropello infinito

Como hemos señalado muchas veces en este Diario, el Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo) no ha sido otra cosa que un instrumento que, bajo el pretexto de un proceso de formalización que nunca culmina, permite operar a la minería ilegal y crea así estímulos para las actividades criminales que están asociadas a ella. A raíz de la masacre de Pataz, por un momento pareció que, por una cuestión de pudor, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo estaban decididos a ponerle freno a esta situación, que hasta ahora habían favorecido.

A menos de un mes y medio de que se venza la última ampliación de la vigencia de ese registro (en noviembre pasado el Congreso la extendió hasta el 3 de junio de este año); sin embargo, los síntomas de que aquello no sucederá son clamorosos. Por un lado, lo que se sabe del borrador de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que prepara la Comisión de Energía y Minas del Parlamento apunta a la reapertura del Reinfo y a legitimar al minero ilegal. Y por otro, en el Gobierno han aprobado el reglamento de la Ley 32213 (que amplía el plazo del proceso de formalización integral en la pequeña minería y minería artesanal), una de cuyas disposiciones complementarias establece que “se puede solicitar la modificación de la titularidad de la inscripción del Reinfo por sucesión, cuando fallece el minero informal titular de la inscripción”. Es decir, han hecho el Reinfo hereditario, abriendo la posibilidad de que el atropello que comporta se prolongue hasta el infinito…

Las voces de protesta de las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos regionales, por supuesto, se han dejado escuchar inmediatamente. La asamblea que reúne a estos últimos –la ANGR–, en particular, ha demandado la “inmediata eliminación” de tal transmisión sucesoria, pero la probabilidad de que en el Ejecutivo presten oídos a esa demanda es remota. Con una presidenta que no da cara a la prensa desde hace más de 210 días y una administración empeñada en poner subrepticiamente en vigor disposiciones como la aquí glosada, una reacción así luce inverosímil. Y mientras tanto, como acaba de informar El Comercio, los principales dirigentes de las asociaciones de mineros informales se afilian a los partidos que hoy están presentes en el Congreso y el próximo año se presentarán a las elecciones generales. El panorama es sombrío y nuestras autoridades no lo van a mejorar por propia voluntad.