Esta semana, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público que inicie investigaciones contra Nicanor Boluarte por el presunto delito de tráfico de influencias. El pedido de la entidad viene a cuenta de un reportaje de “Cuarto poder” del fin de semana en el que prefectos y subprefectos –algunos cesados y otros aún en funciones– de San Martín contaron que fueron obligados a realizar una serie de tareas, que iban desde recabar firmas hasta entregar aportes en efectivo, a favor del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), que todo hace indicar pertenecería al hermano de la presidenta, con la amenaza de perder sus cargos si no las hacían.
En el requerimiento de la procuraduría se incluye a la señora Griselda Herrera Vásquez, una funcionaria del programa Qali Warma durante la época en la que la hoy jefa del Estado era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y quien sería la operadora de Nicanor Boluarte en la mencionada región. En el reportaje, se difundieron audios y extractos de conversaciones de la señora Herrera, en uno de los que les dice a los integrantes del chat CPP Tarapoto en tono amenazante: “Si asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político y si este pequeño trabajo de recolectar firmas […] no pueden hacerlo, no lo hagan, y caballero nomás pongan sus cargos a disposición”.
No es la primera vez que se vincula al hermano de la mandataria con el uso de los prefectos y subprefectos del país para la conformación del partido político CPP. En mayo del año pasado, la Unidad de Investigación de este Diario reveló la existencia de un chat de WhatsApp administrado por Nicanor Boluarte donde se trataban temas referidos a la conformación de la mencionada organización política y que contaba entre sus miembros con prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, muchos de ellos nombrados durante la administración de su hermana. Y en diciembre pasado la misma unidad difundió el testimonio de Gilmer Sardón, exprefecto de Puno, en el que contaba que renunció al cargo, entre otras cosas, porque lo obligaron a llenar fichas de afiliación para el CPP.
Como se ve, los testimonios que implican al hermano de la presidenta en un presunto delito (el uso de funcionarios para impulsar un proyecto personal) son varios y ameritan una investigación acuciosa y célere. La jefa del Estado, sin embargo, ha optado por quitarle cualquier atisbo de responsabilidad a su hermano y, más bien, ha cargado contra la prensa por sacar estos hechos a la luz.
“América Televisión y ‘Cuarto poder’ desde el inicio del Gobierno no nos han soltado, domingo a domingo, y yo más bien les diría que muestren las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano”, sostuvo Dina Boluarte a mediados de semana. Las pruebas, cabe decir, existen y están en el referido reportaje. Luego añadió que la fiscalía debía ser la que llegara a la verdad (en lo que estamos de acuerdo), pero a renglón seguido matizó: “Dejen de difamar a mi hermano, que él no está participando en ninguna organización de ningún partido”.
No es la primera vez que la mandataria cuestiona a los medios que exponen presuntas inconductas de su hermano. En noviembre, como se recuerda, calificó de “infamia” un reportaje del mismo programa sobre la extraña circunstancia de que un pequeño municipio cajamarquino se beneficiara con una millonaria transferencia de presupuesto luego de que su alcalde se reuniera con Nicanor Boluarte, una situación que motivó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder le abriera una investigación. “Él está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”, exclamó en aquella oportunidad.
Haría bien la presidenta en oír sus propias palabras y dejar que sean las autoridades pertinentes las que investiguen esto en lugar de apresurarse a exculpar a su hermano y atacar a los medios que solo hacen su trabajo. Ella, después de todo, es la jefa del Estado y no la abogada de Nicanor Boluarte.