Confianza y gobierno

Este martes, una mayoría de la representación nacional le otorgó al equipo ministerial que encabeza Alberto Otárola la confianza que había ido a solicitar al Congreso y, con ello, la posibilidad de ir adelante con la gestión iniciada al momento de jurar frente a la presidenta Dina Boluarte. A pesar de los esfuerzos de las bancadas de izquierda y algunos aliados de ocasión por obstaculizar el cumplimiento de esa exigencia constitucional, el Gabinete cosechó 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.

El mandato, pues, ha sido inobjetable y lo que le toca ahora al referido equipo es estar a la altura de la responsabilidad asumida. Es decir, empezar a ejercer el poder cabalmente y no con ese ánimo de provisionalidad que transmite la jefa del Estado con sus marchas y contramarchas en diversos temas (empezando por la designación de funcionarios claves, como el jefe de la DINI), y con su permanente señalamiento de que el suyo sería un gobierno de transición. En honor a la verdad, el recorte del período presidencial es una medida que pende todavía de una segunda votación en el Parlamento y, en cualquier caso, lo aprobado de primera intención supone que ella permanezca en el puesto por un año y medio más: un tiempo que los problemas que agobian al país sencillamente no pueden esperar.

No es difícil, en efecto, detectar en las protestas que se extienden por buena parte del territorio nacional un clamor asociado a la secular desatención que tales problemas han merecido de parte de quienes se han sucedido en el gobierno, antes que con la descabellada e ilegal agenda de los sectores más radicalizados de la agitación social de estos días. “Demandar” la renuncia de la señora Boluarte, el cierre del Congreso, la libertad y eventual restitución de Pedro Castillo en la presidencia y la convocatoria de una asamblea constituyente que el orden constitucional vigente no contempla es, evidentemente, apostar por la continuidad del estado de violencia y zozobra que estamos viviendo hace más de un mes, pues se trata de planteamientos inatendibles y que, además, solo representan a sectores minoritarios. Las carencias relacionadas con la salud, la educación, la seguridad y la economía, en cambio, afectan a una vasta mayoría de las poblaciones hoy empeñadas en hacer notar su disconformidad con la presente situación.

Es de destacar por eso que el presidente del Consejo de Ministros haya recordado dos días atrás la declaración de la mandataria en el sentido de que el Gobierno no estará en piloto automático durante el período que dure su gestión. Y lo mismo cabe decir sobre el pedido de facultades legislativas anunciado también en esa fecha. Materializado ya a través de un proyecto de ley, el pedido comprende facultades en materia de reactivación económica, inversión pública, tributos y modernización de la gestión del Estado, por lo que la intención no parece ser dejar una vez más de lado los problemas arriba indicados. Pero de buenas intenciones, ya se sabe, está empedrado el camino al infierno y lo que se necesita en realidad es traducirlas en acciones.

Las primeras de ellas, por supuesto, tienen que ver con la restitución del orden y el imperio de la ley en todo el país, pues es claro que una confianza otorgada en medio del actual contexto comporta ese encargo. Pero tan importante como eso será lo que empiece a hacer el Gobierno una vez que consiga ese objetivo. O incluso antes.

El jefe del Gabinete ha sido firme al aseverar que él y su equipo de ministros están dispuestos a “defender la democracia a cualquier precio” y que están en “la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos” porque “unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y, menos, valiéndose de métodos violentistas”. La confianza recibida, sin embargo, los compromete a ejercer también autoridad en los terrenos en los que pueden afirmar su legitimidad aun frente a los que hoy los miran con recelo y los resisten.