Ayer, en una actividad con líderes amazónicos en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo afirmó que asistirá “a todas” las investigaciones que tiene en curso “porque de eso se trata: de dar la cara en donde nos tienen que llamar”.
Como se sabe, hoy está citado a declarar en la Fiscalía de la Nación en la investigación en la que ha sido incluido por integrar (en condición de jefe) una presunta organización criminal que habría beneficiado a algunos privados en licitaciones con el Estado a través de ministerios como el de Transportes y Comunicaciones.
Los temas por los que debe responder el jefe del Estado van desde sus vínculos con el empresario Zamir Villaverde hasta los testimonios brindados por aspirantes a colaboradores eficaces y testigos en la pesquisa en la que ha sido comprendido y otras conexas. En los últimos meses, en efecto, los indicios que han ido apareciendo en la prensa han comprometido seriamente la imagen del mandatario, pero, a pesar de lo que ahora pueda decir sobre su voluntad de comparecer donde lo requieran, él ha venido siendo renuente a explicarlos de manera pública o en privado con las autoridades pertinentes.
Por ello, hay que decir que sería saludable que el presidente Castillo honrase su palabra y acudiese a su cita de hoy con el Ministerio Público. Sin embargo, también hay que decir que ello sería inusual dada la nula disposición que ha mostrado en los últimos meses para presentarse ante los micrófonos de la prensa, la fiscalía o el Congreso, y que lo retratan como un presidente escurridizo.
Basta con recordar que, inicialmente, la fecha para el interrogatorio fiscal estaba fijada para el último lunes 13 y fue cambiada para hoy a pedido de su defensa legal. La misma defensa legal que intentó, en un primer momento, anular la investigación abierta por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y que, una vez cerrada esta vía, ha acudido al Poder Judicial para congelar las pesquisas.
Por supuesto, el presidente y sus abogados tienen la facultad de interponer todos los recursos legales que les plazca, pero esta baza legalista solo abona a la imagen del mandatario como alguien que rehúsa dar explicaciones y cuya supuesta predisposición a colaborar con la justicia y ‘dar la cara’ en realidad no es más que un estridente eslogan sin fondo.
Más aún si tenemos en cuenta que el inquilino de Palacio no muestra ningún interés por responder en ningún otro estrado donde se lo requiere. Como sabemos, van más de 100 días en los que no ha dado ninguna entrevista a un medio que no sea el canal del Estado ni se ha detenido a responder las inquietudes de la prensa que no sea la de TV Perú. Anteayer, por ejemplo, el presidente realizó una visita inopinada al distrito de Pacarán, en Cañete, en la que se volvió a restringir el acercamiento de los medios de comunicación salvo el del Estado que, inclusive, pudo tomarle declaraciones en un momento del recorrido.
Castillo tampoco ha acudido a ninguna de las tres citaciones que la Comisión de Fiscalización del Congreso le ha cursado y, en su lugar, su abogado Benji Espinoza ha declarado a la prensa que si los legisladores quieren obtener su declaración esta les será enviada… por escrito.
Los únicos foros en los que el mandatario suele despacharse a sus anchas son esos mal llamados Consejos de Ministros Descentralizados o en actos como el de ayer en los que, acompañado por algunos ministros o ubicado frente a una audiencia inocua, aprovecha para ofrecer un racimo de medidas populistas al tiempo que despotrica contra sus opositores.
Nunca en sus casi once meses de gestión la imagen del presidente Castillo ha estado tan maculada como ahora y, sin embargo, cuando la ciudadanía, la prensa o las autoridades han intentado conseguir respuestas de su parte solo han obtenido el retrato de un mandatario que se escabulle de los micrófonos que le parecen fastidiosos. Y eso no es dar la cara; es, más bien, dar la espalda.