Ayer, no pasó desapercibido el hecho de que el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior, Willy Huerta, se ausentaron de la tradicional ceremonia que cada 30 de agosto se realiza en homenaje de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP). El mandatario, recordemos, sí estuvo presente un año atrás, cuando su gobierno todavía no daba señales de pretender menoscabar y capturar a la institución policial. Por lo que, visto de otra manera, el desplante de ayer puede leerse como un gesto bastante elocuente de lo que ha sido la relación entre esta administración y la policía en los últimos trece meses.
Hace menos de una semana, por ejemplo, uno de los abogados del mandatario, Eduardo Pachas, presentó una denuncia ante la Inspectoría General de la PNP contra el coronel Harvey Colchado por presunta falta grave. Colchado, como se sabe, lidera el grupo policial que le presta apoyo al equipo especial de fiscales encargado de las investigaciones al entorno del presidente.
Según Pachas, el coronel habría vulnerado la inmunidad presidencial cuando acudió a Palacio el pasado 9 de agosto en la diligencia que tenía por objetivo detener preliminarmente a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes (hoy bajo mandato de prisión preventiva). Por ello, han solicitado que sea pasado al retiro. Colchado ha sido citado para hoy por Inspectoría.
Pero la denuncia, que tiene innegables visos de represalia, no ha ocurrido en un momento cualquiera. El fin de semana, el Gobierno cambió sorpresivamente a tres altos mandos de la Policía Nacional. Entre los promovidos está el teniente general Segundo Leoncio Mejía Montenegro, quien ha quedado a cargo de la Inspectoría General, el órgano que verá la denuncia del abogado del presidente contra el coronel Colchado.
Mejía es natural de Chota y amigo del mandatario. Según explicó nuestro colega Rodrigo Cruz en su columna de ayer, fuentes al interior de la policía comentan que el objetivo ulterior del Gobierno sería ascender a Mejía hasta convertirlo en el comandante general de la institución (hoy es el número tres en el escalafón policial). “Ese propósito, indicaban las fuentes, es una de las varias razones que explican los cinco comandantes generales que ha tenido la policía en estos últimos 13 meses (un promedio de uno cada dos meses y medio) y los cerca de diez generales que fueron pasados al retiro, sin importar sus méritos y trayectorias, desde que Castillo llegó a la Casa de Gobierno”, advierte Cruz.
Para nadie es una sorpresa que la PNP ha estado en la mira del Gobierno desde prácticamente sus inicios. Recordemos, si no, la controversia desatada durante los ascensos del año pasado en los que el entonces número 2 de la institución, el ahora ex subcomandante general Javier Bueno, denunció irregularidades en el proceso con miras a favorecer a algunos cuadros en desmedro de otros. Y el propio Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio que viene colaborando con las autoridades, ha declarado que algunos oficiales pagaron US$20.000 para ser promovidos; exactamente el mismo monto que se le encontró a Pacheco durante una diligencia en la sede del Gobierno el año pasado.
Y no conviene olvidar tampoco el enfrentamiento que se suscitó a inicios de año entre el entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, y el entonces titular del Interior, Avelino Guillén, por los cambios de algunos generales en direcciones claves del organigrama policial que buscaba efectuar el primero; entre ellos, a dos generales que habían visitado a Pacheco en pleno proceso de ascensos. Como se recuerda, Guillén terminó renunciando ante la falta de apoyo del presidente para su causa.
Como decíamos al inicio, la inasistencia de ayer del presidente Castillo a una de las ceremonias más emblemáticas para la PNP es una buena postal sobre el nulo aprecio que esta administración viene demostrando hacia la institucionalidad de nuestra policía. Una imagen tan elocuente como aquella del mandatario ordenándoles a dos escoltas a que se hincaran para atarle los cordones de sus zapatos unas semanas atrás.